El diputado local de Fuerza por México, Juan Enrique Santos, presentó una iniciativa al Pleno del Congreso de Veracruz, con la que se busca sancionar de manera severa y que asuman mayores responsabilidades, principalmente el pago de gastos médicos, a los permisionarios del transporte público y que el servicio que ofrezcan sea seguro.
Esto luego del accidente que sufrió el estudiante de la Universidad Veracruzana Óscar Jafet Escudero Andrade el 30 de noviembre pasado, quien cayó de un autobús en movimiento en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en Xalapa, situación que lo mantiene hospitalizado en el Centro de Alta Especialidad (CAE).
El legislador indicó que el transportista fue detenido, pero que logró ser liberado horas después, porque no existían elementos para responsabilizarlo del accidente, por lo que la iniciativa busca a que los usuarios tengan derecho a un servicio de transporte público que les brinde seguridad, que proteja su integridad y brinde un servicio eficiente.
“Durante nuestro trayecto a través de estas unidades, dejamos en sus manos nuestra vida, integridad y seguridad, por tal motivo, ya sea en las mañanas, de regreso a la casa o incluso durante el fin de semana, el transporte público puede convertirse en un espacio peligroso si no se respetan las normas de tránsito por parte de los operarios, concesionarios o usuarios”, destacó el diputado en tribuna.
El legislador reconoció testimonios que señalaron que el joven universitario perdió el equilibrio y cayó al pavimento, lo que dejó en evidencia la responsabilidad del chofer al conducir de forma inadecuada al poner en movimiento la unidad sin cerrar las puertas, por lo que al salir libre el operador, la empresa concesionaria evadió su responsabilidad, dejando vulnerable y poniendo en riesgo la salud y vida del estudiante de la Facultad de Filosofía.
Precisó que la iniciativa busca que los concesionarios del transporte público en las diversas modalidades, deban cubrir los gastos médicos necesarios en tanto se hace efectivo la cobertura del seguro respectivo.
Además, el proyecto prohíbe a operadores del transporte público circular con las puertas abiertas y que la infracción por esta razón sea la suspensión definitiva de la licencia para conducir, independientemente de las demás amonestaciones que puedan ser aplicadas, además que los choferes tengan que presentar cada seis meses un examen médico que demuestre su aptitud física y psicológica para conducir.
El legislador pidió que se sancione de manera ejemplar y que la Dirección de Transporte Público suspenda de uno a tres meses los derechos derivados de la concesión, además que en las unidades de transporte público en las submodalidades de urbano y suburbano, reduzcan en 25 por ciento el número de pasajeros especificados en la tarjeta de circulación.
Advirtió que también serán castigados los choferes del transporte público que participen en arrancones, carreras con otros vehículos o conduzcan con temeridad para aventajar la recepción de lo pasajeros, práctica cotidiana entre los operadores de los camiones urbanos.
Precisó que la iniciativa plantea la opción de revocar las concesiones en caso de que los concesionarios u operadores omitan brindar auxilio y apoyo para la canalización a alguna institución de salud pública a los usuarios que sean víctimas de un accidente o siniestro de tránsito o que evadan la responsabilidad legal que les llegase a corresponder.
