Por más de una década la falta de presupuesto ha sido la excusa predilecta para las deficiencias que padece la Universidad Veracruzana (UV) a pesar de las inercias institucionales y del esfuerzo y talento de miles de trabajadores que sostienen la máxima casa de estudios, así como de la adopción de supuestos programas anuales de austeridad; sin embargo, por motivos políticos, para la actual administración encabezada por Martín Aguilar Sánchez, fue racional y “necesario” el gasto de 144 mil 451 pesos para la contratación de una sede alterna al recinto oficial designado en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (CAD) el día de su Cuarto Informe de Labores, cuya celebración no era forzosa para ratificar oficialmente la prolongación de su rectorado, otorgada por la Junta de Gobierno a través de un proceso ampliamente cuestionado por incumplir las condiciones para la “prórroga” y por pasar por alto la auscultación de la comunidad académica.
De 144 mil 451 pesos, y sin trámites formales de por medio, es el monto reconocido por la actual administración ante una solicitud de información vía transparencia de lo que costó a la UV que Martín Aguilar y su grupo pudieran evitar la confrontación pública con sus pares disconformes quienes, junto con un grupo de estudiantes de posgrado a los que les “perdieron” las becas, se manifestaban el 27 de agosto de 2025 en exigencia de la reposición del proceso que quedaría simbólicamente zanjado con la ceremonia en que se tenía que reunir el Consejo Universitario General (CUG).
Porque yo lo digo
El documento presentado por la Universidad Veracruzana ante el cuestionamiento de la motivación, la fecha en que se determinó el cambio de sede y quién fue la autoridad que tomó la decisión sostiene lo siguiente: “(La) fecha prevista para la Sesión Solemne del Consejo Universitario General, un grupo de manifestantes tomó las entradas y bloqueó las instalaciones del CAD, en la ciudad de Xalapa, en el que se ubica al Sala Principal de Tlaqná Centro Cultural, sitio previsto para la realización de dicha Sesión Solemne, impidiendo el acceso a las personas. El cambio de sede para la Sesión Solemne del Consejo Universitario General se realizó en la misma fecha en la que originalmente estaba previsto: 27 de agosto de 2025”.
Esto es, no obstante señalar frecuentemente la disposición al diálogo con los críticos, al saber que habría que tratar con los manifestantes –la mayoría miembros convocados del CUG–, ese mismo día se decidió de sopetón, en la persona del mismo Martín Aguilar, mudar el Informe al hotel Holiday Inn, como lo indica el texto: “De conformidad con la normatividad universitaria, el Rector y Presidente del Consejo Universitario General decidió el mismo 27 de agosto de 2025 el cambio de sede para la Sesión Solemne del Consejo Universitario General con la finalidad de que se realizara en la misma fecha en la que originalmente estaba prevista”.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Egresos en el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM-UV), el gasto de la contratación de un recinto privado y sus requerimientos se desglosa de la siguiente manera: renta del salón, 92 mil 500 pesos; renta de equipo de audio y video, y de tarima, 37 mil 120 pesos; consumo de alimentos para el personal de apoyo logístico, 4 mil 217 pesos; y mamparas y pendones, 10 mil 614 pesos (que son adicionales al costo de 42 mil 685 pesos que ya se tenía previsto originalmente por este concepto).
Desde luego, al haber sido una decisión improvisada la contratación de la sede alterna, la Dirección de Recursos Materiales reconoce la ausencia de información respecto a si se trató de una licitación, invitación restringida o adjudicación directa, pues la misma oficina señala que no realizó un procedimiento formal para tal efecto.
El (falso) acto performativo
Sobre el cuestionamiento de si habría otras instalaciones propias en la capital con las capacidades para albergar el Consejo Universitario General, la respuesta firmada por el secretario académico, Alberto Aguilar Ye, afirma lo siguiente: “el aforo permitido de personas, en razón de la capacidad instalada de otros recintos universitarios en la ciudad de Xalapa no son viables para albergar la Sesión Solemne del Consejo Universitario Regional a la que se convoca a consejeras y consejeros universitarios de las cinco regiones.
”Una posible opción, sin considerar el ingreso de personas invitadas, sería la Sala Anexa de Tlaqná; no obstante los manifestantes bloquearon la entrada a las instalaciones del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (CAD), donde se ubican tanto la Sala Tlaqná, como la Sala Anexa”.
Lo anterior es una justificación a medias, pues no se explica el empeño en llevar a cabo el evento el mismo día que se tenía planeado, con el gasto innecesario en comento, pues la fecha de la sesión del CUG en que Martín Aguilar rendiría el Cuarto Informe de Labores no era un requisito sine qua non para la validez jurídica de la prórroga del rectorado, de modo que se habría podido optar por alternativas que, a la vez de cumplir con la disciplina financiera, previnieran la infracción al Reglamento del Consejo que supuso la falta de notificación a los integrantes “incómodos” del CUG, ya que la normativa, en sus artículos 4, 5 y 6, establece, acerca de la convocatoria, que los integrantes del órgano deben ser citados por escrito, “con la indicación del lugar, día y hora en que se celebrará la sesión, así como el orden del día”, además de especificar la forma de notificación personal: “La convocatoria se hará llegar a los consejeros por medio de lista nominal y estos firmarán de recibido”.
Si la sede original (Tlaqná) estaba consignada en la convocatoria escrita y firmada, su cambio de último momento –sin nueva notificación formal a todos los integrantes– rompe la cadena de legalidad de la misma. El reglamento no autoriza al rector a modificar unilateralmente y sobre la marcha un elemento esencial de la convocatoria, por más que el artículo 5 permita sesionar en recintos no universitarios. Esa facultad de cambio de sede no está prevista para hacerse de forma intempestiva y sin comunicación a los miembros del órgano colegiado.
Declarar el Holiday Inn como “recinto oficial” al inicio de la sesión resuelve la naturaleza del inmueble, pero no la exclusión de consejeros. En el imperio de la ley esto nulificaría cualquier acuerdo proveniente del acto aun si se satisficiera el quórum.
Sin embargo, la elección de mantener el evento evidenció un objetivo político de legitimación pública y el rechazo a posponerlo, pese a que las protestas que lo impedían eran un hecho público y notorio. Fue una elección consciente de confrontar a la comunidad universitaria descontenta con el prorrogato en lugar de buscar una salida institucional a la crisis interna que prevalece.
En vez de una sesión solemne se pudo haber convocado a una sesión extraordinaria posterior, sin el componente protocolario y con un aforo limitado sólo a consejeros. Esto se habría apegado al Programa de Austeridad 2025 que exige que los gastos se limiten a lo estrictamente indispensable y que los nuevos arrendamientos de inmuebles sólo se realicen en casos justificados y para funciones sustantivas, con un análisis de costo-beneficio.
Puras buenas intenciones
Pero aunque el rectorado de la UV de Martín Aguilar Sánchez destaca por su incongruencia discursiva tanto en una supuesta actitud democrática que encubre la brutal verticalidad de su gestión como en las promesas de austeridad –ya que recurrentemente ha asegurado que va con la política nacional de limitar los gastos superfluos y los privilegios del funcionariado– lo cierto es que la formalización de una política de austeridad en la UV es una ficción tal desde su formulación en 2018, durante el segundo periodo de Sara Ladrón de Guevara, que ese mismo año que se publicó la circular SAF 008/12/2018 con los lineamientos de ahorro y disciplina para acompañar la simulación de saneamiento financiero del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a la máxima casa de estudios veracruzana hubo aumentos muy elevados y desiguales en los sueldos de directivos como el de la rectora (18.7 por ciento), vicerrectorías (46.6 por ciento) o secretaría académica (25.6 por ciento).
Y todas las veces desde 2022 en que Martín Aguilar publicó ininterrumpidamente sus programas anuales de austeridad, con su aprobación formal por el Consejo Universitario General (CUG) no pasaron de ser cartas de buenas intenciones. Si no se tratara de una farsa y la rectoría no fuera un botín, habría consecuencias administrativas en situaciones como el hotelazo de 2025, por su origen jurídico en el artículo 134 de la Constitución y sus leyes reglamentarias. El que la Junta de Gobierno esté al servicio del prorrogato denota un deterioro sistémico a causa de la corrupción institucionalizada que se mantiene al margen del debate.
