Hallan en fosa de Santiago Sochiapan cuerpos de la activista Sandra Domínguez y su esposo

Oaxaca, Oax.- La Fiscalía del Estado de Oaxaca confirmó que se encontraron los cuerpos de la defensora Ayuujk, Sandra Domínguez, y su esposo, Alexander Hernández, en fosas clandestinas ubicadas en un rancho de la comunidad Unión Progreso, en Santiago Sochiapan, del estado de Veracruz.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca, informó que el pasado jueves se ejecutó una nueva orden de aprehensión en un rancho del poblado de La Ceiba de Sochiapan, a 34 kilómetros de donde la pareja fue vista.

Ahí se ubicaron los restos en dos fosas clandestinas en un rancho y se iniciaron los estudios de ADN para confirmar la identidad.
Sandra Domínguez y su esposo desaparecieron el 4 de octubre del 2024, cuando viajaban en su camioneta en María Lombardo del Caso. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en coordinación con su similar de Veracruz, encontraron su camioneta en Playa Vicente y el teléfono de la activista en la comunidad de El Nigromante, en Sochiapan.

El 29 de enero de este año, se liberó una orden de cateo en el rancho El Capricho, a un costado de la carretera federal 147, en el tramo Palomares-Tuxtepec, en la comunidad de Nazareno, Sochiapan, en Veracruz.

Ahí hubo un enfrentamiento donde fue abatido el dueño del rancho, identificado como Artemio García Torres, El Temo, un líder de una célula delictiva que procede del estado de Guerrero, junto con otras dos personas. En este enfrentamiento también murió un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal.

Bernardo Rodríguez Alamilla informó que implementaron 26 acciones de búsqueda, conjuntamente entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que ha llevado a cabo las labores de campo, y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Policía Estatal de Oaxaca y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.

En este proceso hay una persona del sexo femenino que está vinculada a proceso y en prisión preventiva por este caso. Se trata de CERM, quien se encuentra privada de su libertad en Tanivet, Oaxaca.

Sandra Domínguez era una defensora de las mujeres de la comunidad indígena Ayuujk, en la sierra Mije, que colinda con Veracruz. Ella denunció un grupo de chats donde exhibían fotos de mujeres indígenas desnudas y se involucraba al coordinador de Paz, Donato Vargas.

En marzo del 2020, Sandra denunció en sus redes sociales que su fotografía estaba siendo usada como imagen principal de un chat pornográfico, pero nunca hubo castigo para los funcionarios que participaban.

La desaparición de Sandra fue catalogada por organismos internacionales, como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Derechos Humanos en México, como desapariciones forzadas, tal y como ocurrió con la guardabosques Irma Galindo Barrios y la activista Claudia Uruchurtu Cruz.

La familia de la activista Sandra Domínguez confirmó que no esperaban encontrarla en una fosa clandestina y señalaron que la omisión institucional fue la constante en la investigación de su desaparición.

Una de sus hermanas leyó el pronunciamiento de su familia, y puntualizó el trabajo de denuncia que hizo Sandra para evidenciar las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas Ayuujk.

“No fue el final que soñábamos, pero descansará entre quienes la amamos profundamente. Sandra no fue sólo una víctima de este sistema de violencia e impunidad. Será siempre reconocida como una defensora incansable”.

Su madre Araceli y sus hermanas Kenia y Kisha Domínguez, junto con las integrantes de la colectiva Consorcio Oaxaca y Sol Rojo, señalaron que hubo una clara omisión del estado para localizarla con vida y que tuvieron que empujar a organizaciones internacionales para que su caso fuera visibilizado.

Denunciaron la participación de funcionarios locales y estatales en grupos de Whatsapp, donde se difundían imágenes de mujeres indígenas en situaciones de vulnerabilidad.

“Exhibió lo que muchos intentaron ocultar, levantó su voz por la dignidad de todas, puso su propia vida en riesgo”.
Detallaron que el caso de Sandra es un reflejo doloroso y contundente de la realidad que enfrentamos en el país, donde las mujeres son violentadas de diferentes formas y quienes levantan la voz son desaparecidas.

“Sin la exigencia de la sociedad no hay compromiso real del Estado. Las búsquedas no avanzan solas, la omisión institucional también mata. La indiferencia es otra forma de violencia”, agregaron.

Asimismo, una de sus hermanas exigió un compromiso verdadero de las autoridades, señalando que no sólo se necesitan leyes escritas, sino acciones contundentes y efectivas con perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos y circunstancial.

“Exigimos respeto para nuestras desaparecidas y desaparecidos, para nuestras familias y un alto total a la revictimización y criminalización de nuestras personas amadas y quienes buscamos”, enfatizaron.