Orizaba, Ver.- La rápida expansión del Banco del Bienestar con la construcción de más de 2 mil 500 sucursales en el país volvió a colocarlo en el centro de la polémica, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectara irregularidades que derivaron en sanciones millonarias y evidenciaran que la institución llegó a operar al límite de la legislación financiera.
El economista Jorge Alberto Moreno Sánchez explicó que uno de los principales problemas detectados está relacionado con la inversión realizada en infraestructura durante 2022, ya que diversos gastos derivados de la construcción de sucursales no fueron reconocidos contablemente, lo que refleja fallas en los controles administrativos y financieros.
Detalló que la Ley de Instituciones de Crédito establece que las instituciones bancarias no pueden destinar más de 60 por ciento de su capital neto a activos físicos como edificios e inmuebles, a fin de preservar su liquidez. Sin embargo, el Banco del Bienestar alcanzó cerca de 70 por ciento de inversión en infraestructura, rebasando el límite permitido por la normatividad.
Moreno Sánchez expuso que esta situación obligó a la CNBV a otorgar una autorización temporal para que el banco continuara operando bajo esas condiciones, permiso que permanecerá vigente hasta diciembre de 2028.
Afirmó que detrás del acelerado crecimiento de la red de sucursales hay un esquema que genera dudas sobre la transparencia de las decisiones adoptadas, pues consideró que respondieron más a criterios políticos que a una planeación financiera sólida.
Respecto de las multas, refirió que durante este año el Banco del Bienestar acumula sanciones superiores a los 5.1 millones de pesos, entre ellas una de 4.1 millones, derivadas de diez irregularidades detectadas por la autoridad financiera.
Las observaciones, precisó, están vinculadas con deficiencias en los controles internos, operaciones y registros contables, lo que revela problemas estructurales dentro de la institución y no simples errores administrativos.
El especialista aclaró que estas sanciones no representan un riesgo para los recursos de los cuentahabientes ni ponen en peligro la operación del banco.
No obstante, advirtió que el mayor impacto podría reflejarse en la confianza de la ciudadanía.
“Los ahorros de los usuarios están seguros y el banco continuará operando; sin embargo, cuando una institución financiera pública busca mantener en reserva las sanciones que recibe argumentando afectaciones a su imagen, lo que realmente se pone en juego es la confianza y la credibilidad ante la sociedad”, concluyó.
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