Ante la suspensión parcial del servicio de transporte público en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, el Gobierno del Estado puso en marcha un esquema emergente para garantizar la movilidad de la población, con la operación directa de unidades Ulúa y la aplicación de medidas orientadas a evitar afectaciones a usuarios.
La gobernadora Rocío Nahle García informó que no existe autorización para ningún aumento en la tarifa del transporte público concesionado en esa región, por lo que el pasaje regular se mantiene en 9 pesos, conforme a lo establecido. Precisó que la única tarifa distinta autorizada es en Xalapa, donde el costo es de 12 pesos.
Respecto al sistema Ulúa, integrado por unidades nuevas adquiridas con recursos públicos, explicó que su tarifa será de 15 pesos; sin embargo, esta entrará en vigor una vez que el servicio se normalice. Mientras continúe el paro de algunos concesionarios, estos camiones operan de manera gratuita como medida temporal para asegurar traslados a centros de trabajo, escuelas y otras actividades cotidianas.
En este contexto, el Ejecutivo estatal determinó que las unidades Ulúa funcionen como servicio público estatal, de manera paralela y complementaria al que continúen ofreciendo los concesionarios que sí mantengan operaciones. La decisión, señaló, se tomó privilegiando el diálogo con los prestadores del servicio, aunque subrayó que la ciudadanía no puede quedar sujeta a interrupciones derivadas de decisiones unilaterales en un servicio considerado esencial.
La mandataria sostuvo que las concesiones implican una responsabilidad social, dado que el transporte público es indispensable y las rutas y vialidades son bienes públicos cuya operación debe responder al interés general.
Como parte de la estrategia, el Gobierno del Estado abrió una convocatoria pública para contratar conductores, dirigida a mujeres y hombres, además de ofrecer capacitación y condiciones laborales formales, con el objetivo de garantizar un trato adecuado a los usuarios.
Nahle García afirmó que su administración asume la responsabilidad de asegurar servicios públicos eficientes, modernos y seguros, y recalcó que la prioridad es el derecho a la movilidad de la población veracruzana.
