Orizaba, Ver.- A través de un comunicado, la familia del periodista Moisés Sánchez Cerezo, asesinado en 2015, y la organización Article 19 fustigaron el actuar del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) esto por la liberación del único detenido por el crimen, “lo ocurrido da cuenta de algunas falencias institucionales”, reprochan.
Al respecto, refirieron que el 30 de marzo la Fiscalía de Veracruz informó de la reaprehensión de Luigui “N”, ex policía municipal y uno de los señalados como responsables del homicidio y quien el 31 de marzo de 2022 fue sentenciado por los delitos de incumplimiento de un deber legal y homicidio doloso,
Sin embargo, el organismo informó el 31 de marzo, un día después de la reaprehensión, que el señalado quedó en libertad debido a una suspensión que le fue otorgada en 2022 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, luego del juicio de amparo que promovió contra la sentencia condenatoria dictada.
Ante ello, la familia del comunicador y Article 19 expusieron que si bien cualquier sentenciado tiene el derecho de solicitar el amparo de la justicia, lo que ocurrió da cuenta de las fallas institucionales en Veracruz.
Se refieren en específico a que desde el momento en que se otorgó la suspensión a Luigui “N”, se debió notificar de ello a las autoridades correspondientes.
“En este sentido, si había una orden de reaprehensión, desde el momento que se otorgó la suspensión, dicha orden debió quedar sin efecto temporal y no ejecutarse hasta que se resuelva el juicio de amparo en el fondo y, en su caso, quede firme la sentencia”; añadieron que el juez primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Medellín de Bravo, Ariel A. César Robinson Manzanilla, debió dejar sin efecto la orden de reaprehensión para que no se ejecutara y notificar de esto a las autoridades ministeriales para su conocimiento”.
Al respecto, la familia de Moisés y sus representantes afirman que no fueron notificados ni de la orden de reaprehensión, ni de la posterior liberación, y que hasta cinco días después fue cuando la Fiscalía les notificó lo ocurrido, lo que viola los derechos de las víctimas a estar informadas.
Fustigaron que la reaprehensión de Luigui “N” fue manejada públicamente como un logro de la justicia, lo que está alejado de la realidad, pues falta detener a otros involucrados.
Consideraron que la aprehensión de una persona imputada o sentenciada por un hecho ilícito debe tener un tratamiento cuidadoso para avanzar en la procuración de justicia.
Lamentaron que desde hace más de ocho años hubo un desaseo que incluyó tortura contra uno de los imputados, en enero de 2015, por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz, de la cual surgió una confesión que se convirtió en la prueba madre en esta caso. “Esto derivó en que otros imputados obtuvieran amparos por falta de mayores elementos de prueba”.
Sostuvieron que la búsqueda de la resolución del caso empeoró por la falta de coordinación entre las autoridades de Veracruz y la FGR a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), quien conduce la indagatoria desde 2016”.
Recalcaron que no existe ni la mínima comunicación en aras de robustecer y conjuntar esfuerzos como Estado mexicano a favor de las víctimas.
Por ello, “la familia Sánchez y Article 19 exigimos que las investigaciones y trato del caso de Moisés Sánchez, se realice con total cuidado y debida diligencia, evitando graves errores como el sucedido.
Ante tantos años de impunidad, se vuelve importante que los pocos avances que se han obtenido estén plenamente cuidados y bien trabajados.
