Agencias
La llegada de la Marina y la Guardia Nacional a la zona del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) pone en riesgo los derechos humanos de personas y defensores del territorio, por lo que una misión civil de observación pidió “detener de manera urgente” la llegada de fuerzas federales.
Al presentar el informe que hicieron una veintena de organizaciones de Oaxaca y Veracruz, se denunciaron intimidación a defensores del medio ambiente, criminalización de ejidatarios y un excesivo control de las regiones a través de la militarización.
En voz de Xavier Martínez de la organización Territorios Diversos para la Vida AC, pidieron detener de manera urgente la llegada de militares en los territorios indígenas del Istmo de Tehuantepec y respetar sus derechos colectivos sobre el territorio, autodeterminación y consulta.
El Informe de la misión civil de observación documentó del 1° de mayo de 2021 al 1° de mayo de 2024 72 ataques en los que se cometieron, al menos, 226 agresiones diversas.
Los tres tipos de agresiones con mayor número de registros contabilizados son la intimidación, el hostigamiento y las amenazas con 67, 64 y 22 registros respectivamente, también graves violaciones a derechos humanos como las probables desapariciones forzadas en tres ataques y tres homicidios documentados.
Señalaron que las agresiones documentadas fueron cometidas principalmente durante las obras de polos de desarrollo, vías férreas o parques industriales.
En Veracruz, se documentó el caso de Texistepec, donde ejidatarios fueron desalojados por la Semar y Guardia Nacional, quienes además destruyeron cultivos y viviendas.
Los terrenos donde se pretende instalar uno de los 10 polos industriales del CIIT es un terreno en disputa desde hace más de una década y es reclamado por un grupo de campesinos.
En mayo de 2020 la apoderada legal del Corredor Interoceánico giró un oficio a los posesionarios para ordenar el desalojo del predio donde sembraban maíz. Ante la negativa, fueron desalojados por la Guardia Nacional.
El informe revela también que en Oaxaca hay unas 12 carpetas de investigación tanto federales como estatales relacionadas con aproximadamente 55 personas defensoras del territorios
“Se observó la particularidad de una participación múltiple de agentes estatales agresores en la perpetración de la violencia contra personas y comunidades defensoras en un mismo ataque”, acusó.
