Xalapa, Ver.— Integrantes de la Red por la Legalidad UV difundieron una carta abierta dirigida a las consejeras y consejeros universitarios en la que denuncian nuevamente la presunta ilegalidad con la que el rector Martín Aguilar habría prorrogado su mandato y llamaron al Consejo Universitario General a restituir el orden institucional en la Universidad Veracruzana.
En el documento, afirmaron que Aguilar violó la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y el Reglamento de la Junta de Gobierno al solicitar una prórroga para mantenerse en el cargo, pese a no tener atribuciones legales para ello. Señalaron que esta decisión derivó en “la peor crisis institucional reciente” y acusaron que durante los cuatro años de su administración hubo una gestión “mediocre”, marcada por la ausencia de políticas de investigación y docencia, fallas administrativas, carencias en facultades y centros de investigación y un “desastre financiero” reflejado en el subejercicio de recursos.
La Red también cuestionó a la Junta de Gobierno, a la que acusó de actuar con parcialidad, extralimitarse en sus funciones, inventar procedimientos y operar sin transparencia. Aseguraron que cinco de sus integrantes renunciaron en años recientes por negarse a avalar decisiones irregulares.
Los firmantes señalaron que el rechazo a la prórroga ha sido expresado por estudiantes, académicos, trabajadores, egresados, jubilados, exintegrantes de la Junta de Gobierno, exrectores y grupos de investigación, además de movilizaciones estudiantiles en diversas regiones del estado, incluida la huelga en la Facultad de Psicología de Xalapa.
De cara a la próxima sesión del Consejo Universitario General, llamaron a sus integrantes a actuar “a la altura de las circunstancias”, defender la legislación universitaria y oponerse a cualquier acto de arbitrariedad. Propusieron destituir a los miembros actuales de la Junta de Gobierno y al rector, nombrar un interinato y convocar a un nuevo proceso de renovación de la Rectoría conforme a la normatividad vigente.
Finalmente, exhortaron a las y los consejeros a ejercer su voto con libertad, sin ceder a presiones, y a representar la voz crítica y reflexiva de la comunidad universitaria.
