Un grupo de 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron la primera demanda de amparo contra la reforma electoral conocida como “Plan B”, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo, dio a conocer Rodolfo Martínez, representante de la firma Trusan & Roma Abogados.
En entrevista, el jurista expuso que los trabajadores del servicio profesional electoral y de las áreas administrativas presentaron la demanda para no perder sus empleos, proteger sueldos y salarios.
Para el abogado, el amparo es la única vía procedente para impugnar la reforma electoral que afecta, tanto al servicio profesional electoral, como a las áreas administrativas y las juntas distritales y también para proteger la póliza de gastos médicos y el seguro de separación.
Por separado, una juez de distrito admitió el juicio de amparo contra la reforma electoral. El nombre de la persona que presentó el recurso está testado, pero en su demanda presentó como actos reclamados el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. El promovente solicitó la suspensión; pero el juez no dio a conocer si la otorgó.