Orizaba, Ver.- De aprobarse la reforma con la que se pretende regular el trabajo sexual, la actividad será criminalizada y violatoria a los derechos humanos, “ya que estigmatiza a las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)”; organizaciones no gubernamentales rechazan la propuesta.
En un comunicado, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC rechazó la reforma acerca del trabajo sexual que la diputada federal María Clemente presentó; además pide no criminalizar a personas con VIH, “esta propuesta fue hecha sin consultar a las trabajadoras sexuales. Pretende violar los derechos humanos de las trabajadoras ya que estigmatiza a las personas que viven con VIH”.
Señaló que los artículos de la propuesta de ley “en los que se debe de poner particular atención son aquellos que estigmatizan y criminalizan a las personas que se dedican al comercio sexual; el trabajo deberá ejercerse en condiciones de salubridad suficientes que garanticen no contraer enfermedades propias del comercio sexual”.
Ante ello, cuestionó que si la propuesta de la diputada María Clemente pretende referirse a las infecciones de transmisión sexual, se debe entender que éstas se trasmiten entre personas que practican relaciones sexuales sin protección.
“El VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual no se contagian, se transmiten. Una ley que no nombra de manera adecuada a las infecciones de transmisión sexual habla de un desconocimiento que quién o quiénes planean legislar en el rubro del trabajo sexual”.
En el mismo documento se da a conocer que la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer no es la única organización que rechaza esta reforma, pues los colectivos también coinciden que ley “lejos de ser un beneficio para las personas que ejercen el trabajo sexual en general o que vivimos con VIH u otras infecciones de transmisión sexual pues estigmatiza, criminaliza y patologiza a las y los trabajadores en razón de sus prácticas y vivencias”.
Además, se destaca que “la iniciativa fomenta la discriminación y ejercicio de violencias contra estos grupos de atención prioritaria, crea barreras de acceso a la atención integral, aislamiento social, falta de apoyo de pares y familiares, además de problemas en la salud mental”.
