En Veracruz los casos de feminicidio van a la baja hasta en 55 por ciento, resaltó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns.
Al comparecer ante legisladores en el Congreso local, la responsable de la procuración de justicia en la entidad recordó que en 2023 se reportaron 45 casos.
En ese tenor, mencionó que se procedió a la detención de 47 probables feminicidas y se lograron 39 sentencias condenatorias de más de 87 años de prisión.
“Las mujeres, niñas y adolescentes veracruzanas seguirán siendo nuestra prioridad, la FGE estará siempre para para proteger y cuidar a todas las mujeres”.
Asimismo, señaló que la Fiscalía ha fortalecido las capacidades humanas y materiales de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, para atender diversos casos.
En lo que se refiere a la desaparición de personas, destacó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y la Dirección General de los Servicios Periciales se esfuerzan para dar mayores resultados en la identificación de restos humanos.
Resaltó que el delito de secuestro ha disminuido en Veracruz 91 por ciento, pues en 2023, se abrieron 28 carpetas de investigación correspondientes a 34 víctimas directas.
“Fueron solicitadas 39 órdenes de aprehensión en contra de 77 probables responsables, cumplimentando 60. De igual manera se efectuaron 52 detenciones en flagrancia, lo que arroja un total de 132 detenidos, lo que permitió desarticular 18 bandas que operaban en el estado. Se obtuvieron 60 sentencias condenatorias en contra de 118 responsables de este delito, con penas ejemplares de hasta 120 años de prisión”, aseveró.
También, precisó que se iniciaron en esta administración 167 carpetas de investigación contra servidores públicos de este organismo autónomo, de los cuales 28 se encuentran vinculados a proceso y dados de baja de la institución por delitos como incumplimiento de un deber legal, ejercicio indebido del servicio público, robo agravado, abuso de autoridad y contra la procuración de justicia.
Destacó que de 11 fiscales, se pasó a 31; de nueve auxiliares de fiscal a 17; de 11 policías ministeriales a 42 y de tres de personal administrativo a 22. En total, se cuenta con 112 servidores públicos en esta área, lo que representa más del doble.
“En 2023 iniciamos mil 519 carpetas de investigación que incluyen personas no localizadas, contemplando víctimas de otros estados y de otros años. Determinando mil 017”, detalló.
Señaló que se obtuvieron 328 órdenes de aprehensión durante esta administración por los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada de personas.
“Iniciamos 78 procesos penales contra 10 que había a mi llegada. Hemos vinculado a 204 presuntos responsables, contra 62, y obtuvimos 39 sentencias condenatorias de hasta 100 años de prisión por estos delitos, contra una sola del periodo 2014-2019”.
Además, se han llevado a cabo diversas búsquedas en vida y escenarios forenses; continúan con los trabajos de recuperación y exhumación de elementos anatómicos humanos en distintas fosas del estado.
Hizo mención de que el Servicio Médico Forense (Semefo) de Nogales logró el análisis de 981 individuos contra 36 de años anteriores, lo que supera el compromiso de analizar cinco veces más lo que se venía haciendo, toda vez que el avance representa casi 11 veces más.
Finalmente, agregó que en 2023 se iniciaron 88 mil 896 carpetas de investigación de todos los delitos y observó que el número es menor al 2022, debido a que se inician menos carpetas de investigación ante la baja en la incidencia delictiva en el estado.
Se requiere de más presupuesto
La fiscal Verónica Hernández pidió un aumento o ampliación presupuestal para el ejercicio 2024, con la finalidad de que el órgano autónomo pueda avanzar en el proceso de identificación de los restos humanos.
Argumentó que la FGE no cuenta con un presupuesto suficiente para operar y no hay infraestructura para poder ir recuperando e identificando restos humanos que fueron exhumados de fosas clandestinas.
Ante los diputados y diputadas, planteó que no tienen recursos que puedan garantizar el avance que piden los colectivos en la identificación de larga data que tiene la FGE, y que ha sido una de las principales quejas de las familias de los desaparecidos.
“Necesitamos más, incluso el doble de todo. No podemos etiquetar más para la identificación de restos humanos porque 90 por ciento del presupuesto de la Fiscalía es para el capítulo mil (salarios)”.
Desglosó que los 160 millones de pesos adicionales que les dieron este 2024, en relación al presupuesto del 2023, serán para ajustar los salarios por el aumento a la inflación y se podrá contratar a personal para el Servicio Médico Forense que se va a construir en el panteón Palo Verde, en Xalapa.
“Identificación humana es lo primordial y creo que valía la pena sentarnos y escucharnos. Yo quisiera que hubiera una ampliación; en Álamo podríamos tener; el ayuntamiento hará el Semefo. Nosotros podemos adaptar laboratorio de genética y lo que son los nichos y tendríamos otra unidad con lo que avanzaríamos; sin recursos difícilmente podríamos hacer algo”.
En ese sentido, Verónica Hernández explicó que para cada unidad integral de identificación se requieren al menos 200 millones de pesos en infraestructura, a lo que se le debe sumar los recursos humanos e insumos que, aclaró, son muy caros.
