Valentín Olmos Alfonso, presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, demandó a la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), informar qué está pasando con el desfalco millonario que presenta la institución.
En conferencia de prensa, expresó que hay incertidumbre y duda sobre si la titular del Poder Judicial del Estado (PJE) ya presentó la denuncia correspondiente en contra de los responsables de ese agravio al patrimonio de esta instancia de gobierno, porque hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta al respecto por parte de esa situación que sigue prevaleciendo dentro de la institución.
Lamentó que por los cambios y conflictos que se han presentado al interior del Poder Judicial ha evitado que las autoridades hagan una investigación a fondo y que realmente se tengan los resultados demandados y permita saber realmente qué ocurrió.
“Respetuosamente pedimos a la nueva presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz que se aboquen a la investigación y, si hay responsables, que se inicien las carpetas de investigación para que se deslinde la responsabilidad o se defienda a las personas que sean señaladas como responsables de ese desfalco millonario que se dio con antelación.
”Exigimos que se aclare porque hablan de austeridad, hablan de que no hay recursos, hablan de que no se pueden crear más juzgados por falta de recursos y eso es preocupante”, recalcó.
Destacó la importancia de que los veracruzanos conozcan a detalle los resultados de las investigaciones que se efectúen sobre este caso y con base en ello saber quiénes son los responsables para que sean sancionados, “porque, por un lado, se habla de que están mil 500 millones de pesos que no se han aclarado en qué se gastaron o dónde se encuentran, no sabemos si hay denuncia, pero el dinero no aparece o a dónde se destinó (sic)”.
Finalmente, confió que la magistrada presidenta actúe y defienda los intereses de la institución que actualmente se encuentra a su cargo, y garantice que en esa instancia gubernamental haya total transparencia en el manejo de los recursos asignados.
