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Estado decidió ubicar a los revolucionarios como enemigos

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El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció la dilación y burocratismo gubernamental para cumplimentar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), extendiendo la impunidad a los criminales de Estado y negar el acceso a la justicia a los detenidos, desaparecidos y sus familiares. 

Matías Flores Hernández, integrante del FNLS, dio a conocer que exigen la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, no sin señalar que el gobierno adopta una política de cerrazón y menosprecio a dicha petición. 

En conferencia de prensa expresó que este caso escaló hasta el peldaño más alto de la justicia mexicana y obtiene de ella una sentencia judicial que puede abonar al esclarecimiento de la verdad, de conocer el paradero de los detenidos y enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales, sin embargo, la institucionalidad mexicana asume una actitud de indolencia y simula atención para ganar tiempo jurídico. 

La indiferencia gubernamental se explica a partir de que el Estado mexicano decidió ubicar a los revolucionarios en la categoría de enemigos y no solo como opositores. 

“La pretensión gubernamental de negar acceso a la justicia es porque a pesar de las condiciones inhumanas a las que son sometidos producto del crimen, los desaparecidos siguen como baluarte de la lucha popular”. 

En ese sentido, la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez expresa la cualidad del fenómeno del cometido de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, y que hoy es sustentada con el fallo de la Corte y una amplia denuncia. 

Expuso que la dilación en el proceso jurídico para cumplimentar la sentencia judicial, en el pasado reciente, fue la criminalización de su forma de lucha, la incriminación de familiares y organizaciones solidarias, así como la negativa a incorporarlos en el Registro Nacional de Detenidos Desaparecidos para condenarlos al anonimato e impedir que el pueblo los reconociera como revolucionarios de este siglo. 

Mencionó que 16 años para poder acceder a elementos mínimos de justicia significa revictimización, por lo que la sentencia de la Corte aún es incompleta, falta que se concrete en conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, así como el juicio y castigo a los responsables, pero a pesar de todo es un importante logro jurídico y abre la posibilidad de jurisprudencia para otros casos.

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