El 31 de mayo, la ex presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli “N”, tuvo que ser ingresada en el Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio” por complicaciones en su salud tras la operación a corazón abierto a la que se sometió en enero.
A través de una carta, 19 organizaciones denunciaron que la salud de la ex funcionaria se ha deteriorado tras mantenerse por más de 800 días en el penal de Pacho Viejo, señalada por los delitos de coalición, ejercicio indebido y abuso de autoridad, pues no tiene acceso a atención de un médico especialista y hay momentos en que no tiene acceso ni siquiera a agua.
“Fue ingresada al hospital tras sufrir las consecuencias del maltrato en el penal de Pacho Viejo, donde no tiene la alimentación adecuada, no la sacan a sus consultas médicas, no tiene acceso a un médico especialista y el médico general del reclusorio no sabe nada sobre su tratamiento. A veces ni agua tiene (…), derivado de su padecimiento cardiaco y de la cirugía a corazón abierto que se le practicó, su salud ha ido en deterioro y a pesar de esto ha sido reingresara al reclusorio con las complicaciones que ponen en riesgo su vida. Esta semana empeoró por falta de seguimiento post-operatorio”, señala el desplegado.
Además, refieren que los juzgadores del Poder Judicial de la Federación han sido omisos en resolver de fondo la inconstitucionalidad de la prisión preventiva justificada de más de dos años impuesta a Yolli “N”, así como ante “la fabricación de elementos delictivos” para lograr la detención de los ex comisionados José Ruben “N” y Arturo “N”.
Hay que recordar que el fin de semana pasado ambos ex funcionarios fueron detenidos por los delitos de incumplimiento del deber legal y peculado, dentro del proceso penal 155/2022.
Sobre ello, los firmantes de la carta señalan que las detenciones podrían obedecer a una persecución al actuar de los organismos públicos autónomos cuando su actuar sea incómodo al poder público.
“El sábado 28 de mayo fueron privados de su libertad sus ex compañeros del penal del IVAI, José Rubén Mendoza y Arturo Mariscal, por presunción de los delitos de peculado e incumplimiento de u deber legal, encontrándose el primero incomunicado y del segundo aún no se tiene noticias. José Rubén se encuentra incomunicado y no se sabe de su estado físico actual”, afirmaron.
Ante tales circunstancias, responsabilizan al Gobierno y las instituciones de justicia de lo que ocurra pues los acusan de no llevar de manera objetiva e imparcial el proceso judicial que llevó a Yolli “N” a prisión en marzo de 2020.
“Su caso amerita la atención de organismos de derechos humanos y anticorrupción porque incurrió en faltas administrativas y no en delitos penales. Demandamos las medidas adecuadas para que Yolli pueda continuar su proceso legal desde casa, recibiendo atenciones médicas y supervisión que necesita”.
E hicieron un llamado a las autoridades de Veracruz, organismos de derechos humanos, diputados federales, senadores y redes internacionales de derechos humanos, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para atender, vigilar, denunciar, revertir y resarcir el daño provocado.
