Gerardo Velázquez Maravert, secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (Simve), reprochó que se utilice, como antaño, a las instituciones de procuración de justicia para “amedrentar a quienes nos atrevemos a denunciar hechos de corrupción y cuestionar de manera legal la actuación de los funcionarios públicos”.
En un mensaje, a través de sus redes sociales, dirigido a la sociedad veracruzana y al magisterio estatal, así como a sus agremiados en torno al resolutivo dado a la denuncia que interpuso en octubre del 2022 ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y del titular de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado de Veracruz, así como en contra de servidores públicos que pudieran resultar responsables de delitos por no haber realizado el pago puntual al magisterio del aumento salarial adicional de 1%, 2% y 3%, a que se obligó al gobierno estatal y que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2022.
Explicó que la fiscalía mencionada le notificó una determinación de abstención de investigar el 23 de noviembre de ese mismo año, misma que fue impugnada conforme a derecho ante la autoridad judicial, que citó a las partes involucradas el pasado 4 de enero del presente año.
En dicha audiencia ante la juez de Control, dijo que acudió él y por la otra parte un enviado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la togada escuchó los motivos que le llevaron a presentar la denuncias y las supuestas razones de la mencionada fiscalía para abstenerse a investigar y darle carpetazo al tema.
“Después de escuchar a ambas partes, la juez nos dio la razón y revocó la determinación de la fiscalía, y le ordenó continuar la investigación y la determinara de nuevo”.
Mencionó que, casi al mismo tiempo que la fiscalía le notificaba la abstención de investigar, otro actuario del Ministerio Público le notificó en su domicilio un citatorio para que se presentara ante la misma en calidad de imputado, en una denuncia interpuesta por el representante de la SEV por un inexistente delito que, dicen, cometió como servidor público.
Expresó que se presentó a la cita en la Fiscalía acompañado de su representante legal para comparecer y solicitar copia certificada del expediente que hasta el momento no se le ha entregado e indicó que está atendiendo esta situación y dará curso legal que corresponda.
En ese tenor, de manera tajante afirmó que los supuestos hechos que la SEV le imputa son “totalmente carentes de sustento y veracidad” y que, en cualquier caso, ni siquiera serían competencia del Ministerio Público.
Por tal motivo, reprochó que se utilicen las instituciones de procuración de justicia “como un brazo armado para amedrentar a quienes nos atrevemos a denunciar hechos de corrupción, que además son obvios y que ninguno de los dirigentes sindicales se atreve a decir nada ante instancias legales”.
De igual manera, lamentó que estas instituciones de procuración de justicia, que debieran ser autónomas y actuar de buena fe, se presten para ejercer presión e intimidación, e instauren procedimientos de orden penal a quienes cuestionan de manera legal la acción de funcionarios públicos y de dependencias, que además están obligados a dar cuentas claras.
“Como ningún delito he cometido, ni me intimidan ni nos detendrán; me defenderé conforme a derecho y no cesaré hasta que se sancione a quienes sí han infraccionado la ley”, dijo por último.
