El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso local, Rafael Fararoni Magaña, indicó que hay un acuerdo para trabajar en la revisión de la Cuenta Pública 2021 con la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos.
“Fechas específicas no tenemos, salvo la de 90 días que se dio como plazo para que la entreguen, esa sigue en pie y sigue corriendo el tiempo, lo que hemos acordado con la Comisión de Vigilancia y la auditora es hacer mesas de trabajo donde intervenga también la Secretaría de Fiscalización, que nos ayudará a recibir todas las inconformidades de los entes, y el Orfis va a poner un interventor para que en estas mesas de trabajo técnicas puedan solucionar los problemas que la comisión detectó”.
En ese sentido, señaló que se llegó a un acuerdo donde pidieron al Orfis que revise todas las actas de entrega recepción de nueva cuenta, “hay que recordar que es un año atípico, en 2021 para 2022 se hicieron los cambios de gobierno, entonces los alcaldes entrantes al recibir el ayuntamiento dejan asentadas las irregularidades que ellos detectan”.
Explicó que por esta razón tienen que verificar que esas pruebas que se tomaron fueron validadas “y simplemente con eso ya podemos agregarle confiabilidad a la Cuenta Pública”.
Recordó que el plazo para entregar la revisión a la Cuenta Pública 2021 vence en los primeros días de febrero, “pero puede ser antes si así lo tienen”. Además, solicitó al área de investigación del Orfis, que cuando ya se pasen las cuentas públicas, se ponga objetivos y que las carpetas pasen de una manera más rápida, tanto los acuerdos de conclusión o denuncias si ese es el caso.
“Pero que no se atasque, porque muchas veces están las carpetas y hay un rezago, un cuello de botella, es algo más que no tiene un límite o plazo, pero es un tema que se tiene que estar constantemente revisando; exhortamos a que no se tenga acumulación en el área de investigación”.
Pidió al Orfis que trabaje y dé conclusiones, ya sea que éstas terminen en una denuncia o que se pase a la Fiscalía Anticorrupción o Fiscalía General del Estado (FGE), “pero que el cuello de botella disminuya”.
