A cinco años de que se creó la ley de desaparecidos en Veracruz, persisten deficiencias en la búsqueda y localización de personas, y en la identificación de los restos que se extraen de las fosas clandestinas, denunciaron colectivos de búsqueda.
En el “Foro Informativo sobre el proyecto de actualización de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz” que se organizó en el Congreso, se expuso que uno de los principales involucrados en los trabajos de la localización de las personas es la Fiscalía, sin embargo, la titular Verónica Hernández Giadáns no escucha ni atiende peticiones.
Se pidió a los legisladores llamar a cuentas a la fiscal y obligarla a atender a los familiares integrados en colectivos.
Estas agrupaciones expusieron que a la fecha no se ha logrado consolidar una base de datos de pruebas de ADN a nivel estatal para cruzar información y lograr identificar a los cuerpos depositados en el Servicio Médico Forense (Semefo).
Mencionaron que cada fiscal atiende de 300 a 400 carpetas de investigación lo que hace “imposible” que se puedan tener avances en la localización de las personas reportadas como desaparecidas.
Incluso, se refirió que los ministerios públicos son adultos mayores que no saben cómo leer una sábana de llamadas; sumado a que tardan hasta tres meses en obtenerlas, cuando la ubicación que reportan los teléfonos es primordial para dar con el paradero de los reportados desaparecidos.
Denunciaron que los trabajos para encontrar a personas de larga data no avanzan. En el evento, al que solo asistieron siete de los 50 diputados locales y enviaron representantes la encargada del Poder Judicial, Fiscalía y la Universidad Veracruzana, se señaló que si bien es valioso buscar mejorar la ley, persiste un vacío legal para las búsquedas de años anteriores.
Según la Base de Datos de la Comisión de Búsqueda son 7 mil 200 denuncias de desaparecidos. De estas, 70 por ciento se reportaron entre 2006 y 2018, en los gobiernos priístas de Fidel Herrera y Javier Duarte, y del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Hay subregistro de desaparecidos y la desaparición forzada no para
Después de que se plantearon algunos cambios a la ley, Sara González Rodríguez, del Colectivo Por la Paz Xalapa, pidió que se revise el delito de desaparición forzada; agregó que aunque se ha dicho que la seguridad va a mejorar, se observa que los policías siguen desapareciendo y asesinando.
Añadió que la Fiscalía persiste en la actitud de no ver ni escuchar a las víctimas; además, de que existe un subrregistro de desaparecidos en el estado, “día a día siguen las desapariciones y especialmente forzadas”.
Piden crear base de datos de pruebas de ADN
Rosalía Castro Toss, del Colectivo Solecito Veracruz, señaló que en lo que se presentó como proyecto no incluye la búsqueda de personas desaparecidas antes de 2018, cuando llegó el gobierno el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Eso no se está tomando en cuenta. Si son cuerpos recientes podemos hacer maravillas (…) pero ¿y la larga data? Eso fue porque los fiscales no hicieron nada, se dedicaron a hacer oficios, ¿dónde podríamos acomodar esto?”.
Reiteró que es necesario crear una base de datos de todo el estado con la idea de poder tener donde cruzar los resultados de las pruebas de ADN, y que se pueda cruzar con la nacional.
“Nosotros en Colinas de Santa Fe encontramos gente de Laredo, de Reynosa (Tamaulipas) y de muchos otros estados, estaban las credenciales (pero) si no hay una base de datos poco se puede avanzar”.
Reiteró que los ayuntamientos se deben involucrar en la búsqueda, pues en la actualidad los alcaldes se lavan las manos y responsabilizan a la Fiscalía y a la Comisión de Búsqueda para atender esos casos.
¿Qué se va a mejorar?
En la reunión se planteó que se van a revisar los procesos de selección, integración y funcionamiento del Consejo Estatal Ciudadano y el Mecanismo Estatal de Búsqueda, así como el impacto de las reformas a la ley general y distribución de competencias entre Federación, estado y municipios.
Así como la prevención de delitos de desaparición de personas previstos en la normativa y la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de búsqueda e integración de casos de desaparición.
Además, se planteó la integración de registros estatales de personas desaparecidas y no localizadas, personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, de fosas comunes y clandestinas; atención integral especializada, con perspectiva de género, a víctimas; la reparación del daño con enfoque diferencial y especializado.
Y procesos de identificación humana, notificación y restitución a familiares y principio de participación conjunta y medidas de seguridad y protección en los procesos de búsqueda e investigación, entre otros.
