En Veracruz, la relación entre el poder público y el periodismo suele leerse desde la desconfianza. No sin razón. Décadas de omisiones, silencios cómplices y agresiones impunes han dejado una huella profunda en el gremio. Por eso, cada detención, cada proceso penal que involucra a un periodista, activa de inmediato las alarmas. Sin embargo, el caso de Rafael “N” obliga a ir más allá del reflejo automático de la denuncia y revisar, con lupa crítica, cómo actuaron las instituciones responsables.
Desde el 24 de diciembre, cuando el comunicador fue intervenido por autoridades ministeriales en Coatzacoalcos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) reaccionó de inmediato. No esperó a que el tema escalara en redes sociales ni a que se construyera una narrativa de abandono institucional. La Dirección Jurídica fue enviada al lugar de los hechos y estableció contacto directo con la familia del periodista, brindando acompañamiento legal desde las primeras horas.
Esto no convierte a la CEAPP en una institución infalible ni la exime del escrutinio público. Pero sí marca una diferencia sustancial frente a episodios pasados en los que la reacción llegó tarde y con ello, la desconfianza del gremio. En este caso, el organismo dio seguimiento puntual a la audiencia inicial, donde se realizó el control de la detención y la formulación de imputación, al tiempo que mantuvo comunicación permanente con los familiares, en coordinación con la defensa particular.
La ampliación del plazo constitucional, solicitada por la defensa, mantiene el proceso abierto y coloca la definición de la situación jurídica de Rafael “N” en manos del Poder Judicial, como debe ser. Un abogado de la CEAPP permanece en Coatzacoalcos a la espera de la determinación del juez José Guadalupe Nucamendi Albores, dentro del proceso penal COA718/2025. Este detalle, menor para algunos, es clave: el acompañamiento no fue simbólico ni mediático, sino sostenido.
Aquí es donde el análisis crítico resulta indispensable. La defensa de la libertad de expresión no puede confundirse con la defensa automática de cualquier conducta individual. La CEAPP no está para absolver ni condenar, sino para garantizar que un periodista, y su entorno familiar, no queden en estado de indefensión frente al aparato penal del Estado o de quienes busquen atentar contra su integridad. En ese sentido, su actuación se ajusta a su mandato legal y a un mínimo estándar democrático.
Mientras tanto, desde ciertos espacios se ha optado por la descalificación inmediata, acusando incluso a la gobernadora Rocío Nahle de atentar contra la libertad de expresión, sin esperar resoluciones judiciales ni revisar los hechos documentados. Esa narrativa, además de simplista, termina por vaciar de contenido una lucha que debería ser seria y responsable.
La crítica a las instituciones es necesaria y saludable, pero pierde fuerza cuando se construye al margen de la realidad. En el caso de Rafael “N”, los hechos indican que la CEAPP sí actuó, sí acompañó y sí asumió su papel. El reto, como siempre, será sostener esa actuación más allá de este caso y convertirla en regla, no en excepción. Porque en Veracruz, la protección al periodismo no debe depender de la coyuntura, sino de una convicción permanente.
