Orizaba, Ver.- El ciberacoso avanza más rápido que la respuesta de las autoridades. Mientras millones de mujeres enfrentan amenazas, hostigamiento, chantajes y violencia sexual a través de redes sociales, las instituciones continúan sin ofrecer una estrategia contundente para prevenir, investigar y castigar estos delitos. La impunidad, la falta de denuncias y la escasa capacidad de respuesta han convertido al espacio digital en un terreno donde los agresores actúan con relativa libertad y las víctimas, en muchos casos, optan por el silencio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 19 millones de personas de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso en México, siendo las mujeres quienes enfrentan con mayor frecuencia agresiones de carácter sexual, amenazas, intimidaciones, difusión de contenido íntimo sin consentimiento y otras formas de violencia digital.
Para María de la Cruz Jaimes, activista social y representante del colectivo Cihuatlahtolli, las cifras oficiales están lejos de reflejar la verdadera dimensión del problema, debido a que existe un amplio subregistro de casos que nunca llegan a las autoridades.
“Es una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres. Existe un subregistro porque hay quienes no han denunciado y, por lo tanto, no aparecen en las estadísticas oficiales”.
La activista señaló que el miedo a represalias, la revictimización y la desconfianza en las instituciones provocan que muchas mujeres prefieran soportar las agresiones antes que iniciar un proceso legal que, en numerosas ocasiones, no concluye con sanciones para los responsables.
Explicó que el ciberacoso abarca desde mensajes intimidatorios y amenazas hasta la difusión de fotografías o videos sin consentimiento, la suplantación de identidad, el espionaje en redes sociales y campañas de desprestigio que buscan intimidar o silenciar a las víctimas. Estas prácticas afectan principalmente a mujeres jóvenes, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos.
María de la Cruz Jaimes sostuvo que el Estado mantiene una deuda pendiente en materia de protección digital para las mujeres, ya que las acciones preventivas siguen siendo insuficientes frente al crecimiento de este tipo de violencia.
