Ixtaczoquitlán, Ver.- Una bomba de tiempo. Así describen padres de familia y docentes la situación que se vive en la telesecundaria «Artículo 123 Constitucional», ubicada en la comunidad de Potrerillo, donde al menos ocho aulas fueron clausuradas por presentar graves daños estructurales que ponen en riesgo inminente la vida de más de 300 alumnos.
La alarma saltó el pasado jueves 12 de febrero, cuando autoridades escolares solicitaron la intervención de Protección Civil tras detectar filtraciones de agua, varillas expuestas y un deterioro generalizado en varios salones.
Durante las inspecciones realizadas por la corporación, se determinó que los inmuebles podrían colapsar en cualquier momento, por lo que de inmediato se procedió a colocar los sellos de clausura.
“Inicialmente se cerraron algunos espacios, pero tras una segunda y tercera revisión, la cifra aumentó a ocho aulas. El riesgo estructural es real y no podemos permitir que los jóvenes ingresen”, explicó la directora Guadalupe Pliego Colorado.
Ante la emergencia, las clases se han tenido que improvisar en la explanada de la escuela y en otras áreas que no representan peligro.
Sin embargo, la incertidumbre crece entre los 310 alumnos matriculados, quienes ven interrumpido su derecho a una educación en condiciones dignas y seguras.
Padres de familia se han manifestado en contra de trasladar a sus hijos a otros inmuebles, por lo que han solicitado a las autoridades la instalación de carpas o espacios alternativos dentro del mismo terreno.
No obstante, reconocen que estas medidas son provisionales y también implican riesgos logísticos y de seguridad.
A la emergencia estructural se suma un problema legal que data de hace más de cuatro décadas.
La telesecundaria fue construida hace 41 años en un terreno donado por el comisariado ejidal, pero hasta la fecha no se ha logrado regularizar la propiedad.
Esta situación ha impedido, durante al menos 15 años, la ejecución de obras de mantenimiento mayor o la inversión en infraestructura, ya que sin escrituras no es posible acceder a fondos públicos para este fin.
Ante este panorama, autoridades educativas han hecho un llamado urgente a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y a la propia Gobernadora del estado para que se analicen mecanismos legales extraordinarios que permitan destrabar la tenencia de la tierra y, con ello, canalizar los recursos necesarios para reconstruir o rehabilitar los espacios educativos.
“Lo que menos queremos es esperar a que ocurra una tragedia. Necesitamos acciones inmediatas”, enfatizaron.
Mientras tanto, la telesecundaria de Potrerillo sigue en pie, pero con la amenaza latente de un colapso que podría tener consecuencias fatales si no se actúa a tiempo.
