Los censos nacionales de gobierno federal y de gobiernos estatales 2025 indican que Veracruz acumuló 280 sanciones administrativas a personas servidoras públicas durante 2024.
La mayor parte fueron inhabilitaciones (185), cifra que posiciona al estado entre los primeros lugares del país en este tipo de medida.
Hubo 93 amonestaciones públicas, 10 privadas, 31 suspensiones del empleo, cargo o comisión y 1 destitución.
Con 280 casos, Veracruz se situó encima de Chiapas (184), Oaxaca (160) y Durango (139), aunque por debajo de Ciudad de México (427), Nuevo León (337) y Jalisco (237).
En cuanto a inhabilitaciones, el estado fue uno de los de mayor volumen, sólo superado por la Administración Pública Federal, que documentó mil 41.
Los censos detallan que, a nivel nacional, en 2024 se recibieron 140 mil 686 denuncias derivadas del posible incumplimiento de obligaciones de personas servidoras públicas: 59 526 en la APF y 81 160 en las APE.
Las querellas aumentaron 41.2 por ciento en la APF y 8.9 por ciento en las APE respecto de 2023.
Del total, 44.3 por ciento fue procedente, 25.7 por ciento improcedente, 22.2 por ciento quedó pendiente de atención y en 4.1 por ciento se determinó incompetencia.
En el mismo periodo, se iniciaron 59 mil 526 investigaciones en la APF y 109 mil 128 en las APE, con 48.3 por ciento y 23.1 por ciento, respectivamente, de incremento.
El elevado número de inhabilitaciones sugiere que en Veracruz esta medida continúa siendo una herramienta central para resolver faltas administrativas. Evidencia procesos de control interno activos y un volumen relevante de casos en seguimiento.
Los datos del CNGF y el CNGE 2025 permiten ubicar a Veracruz dentro de las entidades con mayor carga sancionadora durante 2024.
El aumento nacional de denuncias y procedimientos anticipa mayores retos para las administraciones estatal y municipales en materia de cumplimiento y transparencia en 2025.
