La agresión a la embajada mexicana en Ecuador y la amenaza peruana de irrumpir en la sede diplomática de México en Lima no son hechos aislados ni meras excentricidades de gobernantes locales. Son síntomas de algo más profundo: la incomodidad que provoca un México soberano en una región donde Estados Unidos intenta recomponer su dominio en plena decadencia imperial. La pregunta no es si Washington “ordenó” esos actos, si no qué tan probable es que sus agencias alentaran, toleraran o aprovecharan la violación de la inviolabilidad diplomática como mensaje ejemplarizante.
Históricamente, Estados Unidos ha usado a gobiernos satélites para hacer el trabajo sucio: golpes parlamentarios, persecuciones judiciales, campañas mediáticas y, cuando hace falta, violencia abierta. Perú y Ecuador encajan en ese patrón. Ambos dependen de la asistencia financiera, militar y de inteligencia de Washington; ambos han asumido, sin pudor, agendas de seguridad y economía dictadas desde fuera. Que justo esos gobiernos sean los que hostigan a México por conceder asilo y defender el derecho internacional no puede explicarse sólo como “errores” diplomáticos: corresponde a la lógica de castigar al país que se atreve a ejercer liderazgo moral en América Latina.
¿Hay pruebas directas de una instrucción emanada de la CIA, el Departamento de Estado o el Comando Sur? No. ¿Es verosímil que esas agencias hayan visto con buenos ojos, e incluso empujado discretamente, la decisión ecuatoriana de asaltar una embajada y la peruana de amenazar con hacerlo? Sí, y no por gusto conspirativo, sino por análisis de incentivos. Un México que concede asilo a perseguidos políticos, que cuestiona golpes parlamentarios, que denuncia la represión y que mantiene relaciones respetuosas con gobiernos mal vistos por Washington (Petro, Lula, Maduro, incluso China y Rusia) es un problema para el dispositivo tradicional de control hemisférico. Hay, además, un cálculo fino: estas agresiones no han debilitado al gobierno mexicano frente a su propia población. Al contrario, han reforzado la percepción de un Estado digno que defiende su soberanía y respeta el derecho internacional. La indignación popular ante la violencia contra las embajadas no se ha dirigido contra Palacio Nacional, sino contra los gobiernos agresores.
En términos internos, el saldo es político-moralmente favorable a México. A donde sí apuntan los efectos es a otro lado: a la radicalización de la oposición de derecha. La derecha mexicana —PRI, PAN y sus satélites mediáticos y empresariales— vive un momento incómodo: carece de proyecto, de liderazgo y de base social amplia. Pero posee dos recursos: una alianza con el conservadurismo global (Atlas Network) y una creciente disposición a normalizar el lenguaje de la violencia. Cuando dirigentes y voceros opositores declaran que “lo único que falta” es el uso de la violencia, no están improvisando: están tanteando el terreno para legitimar un salto cualitativo en la confrontación política. Necesitan condiciones objetivas y un relato que los victimice.
Las agresiones contra las embajadas mexicanas, aunque no afecten la popularidad del gobierno, sí aportan materia prima para esa narrativa: un México “aislado”, “peleado con el mundo”, “incapaz de mantener relaciones civilizadas”. Ahí se cruzan los intereses. A Estados Unidos le incomoda un México soberano que se acerca al Sur Global y coquetea con un orden multipolar. A la derecha mexicana le resulta insoportable un gobierno con amplio respaldo social que ha desmontado buena parte del viejo sistema de privilegios.
¿Qué probabilidad hay de que coincidan, explícita o implícitamente, en una estrategia de desgaste? Alta. No hace falta una reunión secreta para alinear objetivos: basta con una comunidad de intereses y canales abiertos entre agencias norteamericanas, élites empresariales y operadores mediáticos que llevan años alimentando campañas de miedo y descrédito.
El riesgo mayor no es que se repita mañana un asalto a otra embajada mexicana, aunque no puede descartarse. El riesgo es que, al normalizar la idea de que la soberanía y el derecho internacional son prescindibles, se abra la puerta a formas más crudas de intervención: sanciones encubiertas, sabotajes económicos, operaciones de inteligencia que azucen conflictos internos, o el uso político del crimen organizado como pretexto para presionar por “acciones conjuntas” cada vez más intrusivas.
En ese escenario, una oposición sin fuerza electoral suficiente podría verse tentada a abrazar la vía de la desestabilización abierta, amparada en el discurso de “rescatar” a México de un supuesto aislamiento o autoritarismo. Por ahora, la sociedad mexicana no compra ese relato. La popularidad del proyecto de la 4T y el respaldo a la presidenta funcionan como dique frente a la aventura golpista. Pero la historia de América Latina enseña que los diques no son eternos si no se cuidan: Chile en 1973, Honduras en 2009, Bolivia en 2019 muestran cómo el intervencionismo externo y la derecha local convergen cuando huelen oportunidad. La probabilidad de que agencias estadounidenses sigan operando para debilitar a México, usando a terceros países y a la oposición interna como instrumentos, no es una fantasía paranoica: es una hipótesis fundada en décadas de práctica imperial.
Lo que está en juego no es sólo la relación con Perú o Ecuador, ni el prestigio de la diplomacia mexicana. Es la capacidad del Estado mexicano para sostener un rumbo soberano sin ceder ante la combinación de presiones externas y tentaciones internas de violencia política. Frente a ese tablero, la respuesta no puede ser la ingenuidad ni el alarmismo vacío, sino la lucidez: entender que la agresión a las embajadas fue un mensaje, medir con frialdad quién se beneficia de ese mensaje y blindar institucional y socialmente al país para que ni desde fuera ni desde dentro se imponga la agenda de una minoría que, al quedarse sin votos, empieza a coquetear con la fuerza.
