En Veracruz, la discusión pública vuelve a exhibir una desconexión peligrosa entre las prioridades del poder y las necesidades de la ciudadanía. El aumento salarial previsto para la gobernadora y su gabinete en el presupuesto estatal de 2026 llega en el peor momento posible: cuando el estado todavía no consolida su institucionalidad, cuando persisten signos de opacidad y cuando la confianza pública sigue resentida por años de abusos y desorden administrativo. No es el monto lo que irrita, sino la señal que envía: la percepción de que la escala moral del gobierno está invertida.
Porque en un estado donde la seguridad municipal es frágil, donde los sistemas de justicia no alcanzan a desactivar la impunidad y donde la gestión pública sufre rezagos en áreas tan decisivas como infraestructura, protección civil, educación y salud, cualquier privilegio hacia arriba funciona como un recordatorio de que el poder sigue mirándose al espejo antes que a la realidad. Hablar de austeridad mientras se incrementan los salarios de la cúpula gubernamental es un gesto que contradice la narrativa de renovación institucional.
La gobernanza de Veracruz no puede sostenerse sin una transparencia verdadera. Y la transparencia no consiste en publicar documentos, sino en justificar decisiones, abrir procesos, identificar responsables y someterse a evaluación social. La ciudadanía no exige héroes: exige gobiernos que expliquen con claridad, que no oculten sus razones y que no pidan confianza sin ofrecer resultados verificables. Cuando una administración opta por aumentarse el salario sin que existan indicadores sólidos de mejoría institucional, lo que produce es ruido, no legitimidad.
Las irregularidades detectadas por instancias federales en el ejercicio público, la debilidad de algunos ayuntamientos y la fragmentación de los sistemas de control interno deberían encender todas las alarmas. El estado necesita prioridad administrativa, no aumentos selectivos. Necesita fortalecer la fiscalización, limpiar trámites, modernizar procesos y romper con la tradición de discrecionalidad que ha plagado a varios gobiernos. Esa es la verdadera brecha que debe cerrarse.
El punto de fondo no es financiero: es ético y político. Una administración demuestra su autoridad moral no sólo con discursos, sino tomando decisiones que la ciudadanía puede comprender, medir y aprobar. Gobernar es también enviar señales. Y este aumento salarial envía una equivocada: que el poder sigue habitando en una esfera donde la autocrítica es escasa y la sensibilidad social insuficiente.
Veracruz necesita una reconstrucción institucional profunda, basada en la rendición de cuentas, la trazabilidad del gasto público y la disciplina administrativa. No se puede fortalecer al estado si se siguen practicando hábitos que recuerdan a épocas donde la clase política se anteponía a la sociedad. Si la administración actual quiere diferenciarse de esa herencia oscura, debe entender que la austeridad y la coherencia no son consignas: son condiciones para gobernar con autoridad legítima.
La confianza ciudadana es hoy uno de los recursos más escasos. Recuperarla exige ser congruente en cada decisión. En ese sentido, el aumento salarial para la cúpula gubernamental no sólo es inoportuno: es una muestra de que aún queda un largo camino por recorrer para construir un gobierno que entienda que la transparencia no es un trámite, sino el cimiento moral de toda gobernanza. Veracruz necesita claridad y responsabilidad, no gestos que profundicen la distancia entre el poder y la gente
