Por Arturo Méndez
Durante la administración gubernamental de Javier Duarte de Ochoa (2010 – 2016) se desarrolló una profunda crisis de legalidad, caracterizada por la ruptura sistemática del Estado de Derecho y el debilitamiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. El Gobierno del Estado de Veracruz incumplió la Constitución local al retener o no entregar los recursos públicos que, por ley, correspondían a la Universidad Veracruzana (UV). Esta omisión generó una crisis de legalidad externa, ya que el propio Estado —responsable de garantizar el cumplimiento de la ley— fue quien la transgredió abiertamente.
Las autoridades universitarias iniciaron un movimiento para exigir el pago de la deuda que el gobierno estatal mantenía con la UV y para oponerse a los recortes presupuestales que se venían implementando. El colectivo “En defensa de la Universidad Veracruzana” incorporó a estas demandas la exigencia de autonomía financiera, consistente en la asignación presupuestal constitucional del 5% del presupuesto estatal, así como la garantía de que dicho subsidio no fuera inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.
Entre las acciones emprendidas destacan las gestiones realizadas por la Rectora de la UV, quien solicitó la intervención del Ejecutivo Federal. Asimismo, la Junta de Gobierno de la UV presentó una petición de intervención al Relator Especial sobre el desarrollo a la Educación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Además, el colectivo “En defensa de la UV” recolectó más de 60 000 firmas en la plataforma de Chenge.org para exigir el pago de la deuda. A ello se sumaron diversos pronunciamientos, solicitudes, exhortos y exigencias de pago dirigidos al gobierno estatal por parte de la Rectora, la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario General, así como de las Comisiones de Educación y de Hacienda y Crédito Público del Senado, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la ANUIES.
La UV utilizó diversas vías legales —entre ellas denuncias penales y juicios de amparo— para obligar al gobierno estatal a cubrir la deuda y evitar la reducción de su presupuesto. En febrero de 2016 presentó dos denuncias por presunto desvío de recursos, que en conjunto sumaban 2,076 millones de pesos: una ante la Fiscalía General del Estado por 1,625 millones y otra ante la Procuraduría General de la República por 451 millones. Asimismo, interpuso un juicio de amparo indirecto contra la Ley de Egresos de Veracruz de 2016 y promovió juicios de amparo por recursos no entregados entre 2008 y 2015.
En 2016 se realizaron diversas movilizaciones para exigir el pago de los adeudos, detener la disminución presupuestal y lograr la autonomía financiera. Destacan las marchas del 25 de febrero (convocada por el Sindicato Estatal del Personal Académico), del 26 de febrero (convocada por el colectivo “En Defensa de la UV”) y las del 10 de marzo y 27 de mayo (convocadas por la Rectoría). La marcha del 10 de marzo sobresalió por su alta participación: reunió a alrededor de 50 000 manifestantes en las cinco sedes de la UV.
El 13 de junio de 2016, el gobierno de Javier Duarte presentó un proyecto de reforma al artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz para asignar a la UV el 3% del presupuesto estatal. Más tarde, el 31 de enero de 2017, el Congreso retiró del orden del día la discusión de una propuesta para elevar la asignación al 4%. Finalmente, el 20 de julio de 2017, el Poder Legislativo aprobó la reforma al párrafo cuarto del artículo 10, estableciendo una asignación presupuestal del 4% para la UV y garantizando que el monto no fuera inferior al del ejercicio anterior.
El 17 de septiembre de 2020 se reformó el artículo 72 de la Constitución estatal, modificando el método para calcular el presupuesto de los organismos autónomos, el cual pasó a determinarse con base en los ingresos de libre disposición. Sin embargo, el artículo tercero transitorio estableció que la asignación anual de la UV seguiría rigiéndose por el artículo 10 de la constitución local.
En 2017, la deuda del gobierno estatal con la UV —según el Órgano de Fiscalización Superior del Estado— ascendía a 2,321.4 millones de pesos: 403.9 millones por subsidios federales y 1,917.5 millones por subsidios estatales. De 2017 a 2024 se habían pagado 1,516.9 millones de pesos, de los cuales 72.1 millones correspondían a deuda federal y 1,444.8 millones a deuda estatal. No obstante, para ese mismo año persistía un adeudo de 804.5 millones de pesos: 331.8 millones de subsidios federales y 472.7 millones de subsidios estatales.
Un recuento del movimiento de la autonomía presupuestaria de la UV arroja lo siguiente:
Cobertura de la deuda: Aunque la deuda del gobierno estatal con la UV se ha reducido -hasta el año de 2024- en 1,516.9 millones de pesos; aún persiste un adeudo de 804.5 millones de pesos.
La no disminución del presupuesto: El Congreso estatal aprobó que el presupuesto asignado a la UV no debe ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior, garantizando estabilidad financiera.
La radicación de los recursos. Se logró que los recursos Federales se transfieran directamente a la UV, eliminándola la intermediación estatal.
Autonomía presupuestaria. Se reconoció legalmente el derecho de la UV a recibir el 4% del presupuesto estatal; sin embargo, este porcentaje aún no se ha reflejado plenamente en el presupuesto anual de la institución.
La lucha por la legalidad continúa: el desafío principal consiste en exigir el cumplimiento efectivo del artículo 10 de la Constitución local y determinar quién asumirá la responsabilidad de hacerlo valer.
