Por: Rodrigo Efraín Hernández Hebrard | Director Binacional de Comunicación y Relaciones Públicas de AMEXCAN Inc.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, un fenómeno que ya se ha vuelto parte del calendario político de Washington, se presenta una vez más como una demostración de fuerza entre partidos, pero lo que para muchos legisladores es solo una ficha más en el tablero del poder, para millones de familias representa una amenaza directa a su bienestar. Este cierre, derivado de la falta de acuerdo presupuestal entre republicanos y demócratas, está afectando de manera inmediata a programas esenciales como el SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), que garantiza el acceso a alimentos para más de 40 millones de personas en el país.
Detrás de los tecnicismos y las disputas ideológicas, hay consecuencias humanas. SNAP, conocido popularmente como “food stamps (estampas de comida)”, es para muchas familias el único escudo frente al hambre. La suspensión o retraso en sus fondos no solo significa la reducción de un beneficio implica que hogares enteros tendrán que decidir entre pagar la renta o comer y en ese grupo se encuentran miles de familias migrantes y trabajadoras de bajos ingresos, muchas de ellas latinoamericanas, que ya enfrentan barreras estructurales para acceder a la seguridad alimentaria.
En estados como Carolina del Norte, organizaciones comunitarias como la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte (AMEXCAN) han reportado un aumento en las solicitudes de ayuda de emergencia. “La gente nos dice que no sabe si el próximo mes tendrá para comprar comida”, comentan personas, pues la crisis no se mide solo en cifras presupuestales, sino en el rostro de quienes llegan a las despensas comunitarias o hacen fila frente a las iglesias en busca de alimentos.
El problema es que este tipo de cierres afectan mucho más que un programa social, cuando el gobierno se detiene, también lo hace la maquinaria burocrática que sostiene la vida cotidiana de millones; se paralizan las oficinas que procesan permisos de trabajo, se retrasan los trámites migratorios, se suspenden los apoyos a agricultores y se interrumpen programas de vivienda, salud y educación y aunque el cierre no aplica a todas las agencias, el efecto dominó es inevitable.
Las familias migrantes, especialmente las que viven con un estatus migratorio diferente, son las primeras en resentirlo, no solo porque muchos programas federales no los incluyen, sino porque dependen indirectamente de ellos, escuelas públicas, clínicas comunitarias, bancos de alimentos o subvenciones locales que dependen del flujo de fondos federales. En otras palabras, aunque el gobierno diga que los migrantes no reciben beneficios, la realidad es que el cierre impacta el ecosistema de apoyo que sostiene a comunidades enteras.
Paradójicamente, entre los trabajadores federales sin paga también hay migrantes o hijos de migrantes; gente que mantiene funcionando los aeropuertos, las oficinas postales, los servicios de limpieza o la seguridad en edificios públicos. En cada cierre, miles de ellos son enviados a casa sin sueldo, esperando que el Congreso “llegue a un acuerdo”. ¿Y cómo se paga la renta o la comida con promesas futuras?
El cierre de gobierno desnuda una verdad incómoda, el sistema político estadounidense se ha vuelto incapaz de proteger a su población más vulnerable. La polarización ideológica ha transformado el presupuesto, un instrumento para gobernar, en un campo de batalla; los legisladores se acusan mutuamente de intransigencia mientras la realidad golpea a los más pobres con la misma fuerza que la inflación o la falta de vivienda.
La comunidad latina, que representa cerca del 19% de la población del país, se encuentra en una posición particularmente precaria. Una gran parte trabaja en empleos esenciales, pero mal pagados, sin acceso a ahorros ni redes de seguridad; para ellos, un cierre de gobierno no es una noticia más, es el inicio de una crisis doméstica.
Y aun así, en medio de la incertidumbre, la solidaridad florece, en Greenville, Raleigh o Durham, voluntarios de organizaciones latinas y religiosas están multiplicando esfuerzos para distribuir comida, recolectar donaciones y brindar asesoría a quienes no saben cómo enfrentar la suspensión de apoyos, pero la caridad no puede sustituir la responsabilidad del Estado.
El cierre actual debería ser una advertencia moral; un país que presume su prosperidad no puede permitir que millones pasen hambre por un desacuerdo político. Gobernar no es ganar una partida; es garantizar que nadie quede atrás, ni siquiera en tiempos de disputa.
Mientras el Congreso sigue discutiendo entre cifras y calendarios, los niños en muchas comunidades latinas ya están preguntando por qué no hay suficiente leche o pan en casa, esos son los silencios que no llegan a los titulares, pero que definen la verdadera dimensión de una crisis.
Porque cuando el gobierno se detiene, no lo hace la necesidad; no se detienen las ganas de trabajar, ni el hambre, ni el miedo y si la política olvida eso, entonces el cierre de gobierno no será solo administrativo, será moral.
