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La quiebra del ingenio El Carmen no puede convertirse en una coartada para el saqueo. Una cosa es que un juez declare inviable una empresa tras fracasar un Concurso Mercantil; otra, muy distinta, es permitir que el patrimonio industrial y laboral sea desmantelado como botín.
Cuando un ingenio entra a quiebra y, de inmediato, empiezan a robar cableado o a “extraer” maquinaria, lo que aparece no es sólo una crisis económica: aparece un vacío de Estado. Y cuando el Estado falta, la quiebra se vuelve despojo.
La nota es clara: más de un año detenido, una deuda laboral cercana a 90 millones de pesos y, con la resolución judicial, los trabajadores convertidos en principales acreedores. Si esto es así, lo primero que corresponde no es un comunicado ni una promesa vaga: corresponde custodia efectiva. Seguridad pública estatal y fiscalía deben intervenir de inmediato para resguardar instalaciones, asegurar bienes y abrir una carpeta robusta por robo y posible extracción ilegal de activos.
No hay rescate posible si el activo se está desarmando pieza por pieza. Y no hay justicia laboral si el patrimonio que debería garantizarla se evapora en camiones nocturnos.
El Carmen no es un cascarón: es una fuente de empleo regional, una cadena productiva que sostiene a familias completas y un nodo económico que, cuando cae, arrastra comercio, transporte, servicios, cañeros y vida comunitaria. Dejarlo a merced del saqueo equivale a renunciar a la soberanía productiva local. Es la versión industrial del “sálvese quien pueda”: la peor pedagogía pública.
Hay una discusión de fondo que no se puede eludir: por qué quiebran los ingenios. La respuesta rara vez es una sola. Influyen la volatilidad del precio del azúcar, el rezago tecnológico, las deudas, la mala administración, la captura privada de rentas, la falta de inversión y, en ciertos segmentos, la sustitución parcial del azúcar por endulzantes industriales como el jarabe de maíz de alta fructosa.
Pero aun si todas esas presiones existieran —y existen—, ninguna justifica que la quiebra se complete con rapiña. La quiebra puede ser un estado jurídico; el saqueo es un delito. Y la diferencia la marca el gobierno con presencia real, no con discursos.
Por eso, la respuesta no debe limitarse a “que la fiscalía informe”. La fiscalía debe actuar. Y el gobierno estatal debe asumir el control de daño: resguardo, inventario pericial completo, cadena de custodia de maquinaria y materiales, y auditoría sobre el estado real del patrimonio desde el momento en que el ingenio se detuvo.
Si hubo abandono doloso, extracción previa o administración fraudulenta, la sociedad tiene derecho a saberlo y a ver consecuencias. La impunidad industrial es una forma de violencia económica.
¿Es solución convertir El Carmen en paraestatal? Puede serlo, pero solo bajo condiciones estrictas. No como gesto ideológico ni como rescate ciego, sino como intervención de emergencia para evitar el desmantelamiento, preservar empleos y reconstruir viabilidad productiva.
Paraestatizar, en este caso, tendría sentido como figura temporal y condicionada: Estado que resguarda, reorganiza y reestructura, con auditoría pública, metas verificables, participación de trabajadores-acreedores en la gobernanza y un plan claro de operación o reconversión.
Un ingenio no se salva con retórica; se salva con mantenimiento, eficiencia, abasto de caña garantizado, pagos puntuales a productores, disciplina financiera y diversificación productiva (energía con bagazo, subproductos, integración regional). Sin eso, cualquier figura —privada o pública— fracasa.
Pero hoy no estamos en la fase de “modelo ideal”. Estamos en la fase de impedir un crimen a la vista. Primero, custodia. Primero, asegurar el patrimonio. Primero, que el Estado esté donde debe estar: protegiendo lo común frente al saqueo.
Después, sí: mesa de rescate con trabajadores, productores y gobierno; evaluación técnica real; y decisión política valiente sobre el instrumento adecuado, sea paraestatal, mixto o cooperativo. Lo inaceptable es que la quiebra sea el prólogo del despojo y el epitafio del trabajo.
Veracruz no puede normalizar que los activos productivos se pierdan dos veces: primero por mala administración y luego por rapiña. Si el ingenio cae, que no caiga también el Estado.
