El tercer derrame consecutivo de hidrocarburo en el río Cazones, detectado el 3 de diciembre, ya no sorprende a nadie: Veracruz se ha acostumbrado a vivir con veneno en el agua y silencio en las instituciones.
La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) suspendió otra vez el bombeo para Poza Rica y municipios vecinos. Miles de familias sin agua porque un ducto volvió a romperse.
Tres meses, tres derrames. Esto no es accidente: es un patrón de destrucción.
El estado más lluvioso del país vive, desde hace décadas, bajo una paradoja que ya hemos señalado: una fragilidad hídrica monumental, donde los ríos son muchos pero la protección es nula.
Y ahora se suma la peor maldición posible: la presencia de Petróleos Mexicanos (Pemex), una empresa que en Veracruz no trae desarrollo ni bienestar, sino rupturas, fugas, incendios, excusas y cuerpos de agua convertidos en cloacas industriales.
La síntesis de dos décadas es lapidaria: 2004, 2007, 2010: fugas por ductos podridos. 2013, 2016, 2018: rupturas y contaminación reiterada. 2019-2023: derrames casi anuales. 2025: octubre, noviembre y diciembre, tres meses seguidos.
Y frente a eso, Pemex responde con la letanía conocida: “acto vandálico”, “línea menor”, “controlado”. Controlado, ¿dónde? ¿En qué universo se llama “controlado” a un sistema que revienta cada treinta días?
Y si realmente sospechan de sabotaje, ¿dónde están los operativos, las investigaciones, la seguridad reforzada? No existen. No hay una sola medida extraordinaria.
Por eso la pregunta se impone con fuerza: ¿dónde está la bendición de ser ricos en petróleo?
A Veracruz, ser “estado petrolero” le cuesta salud, agua, tranquilidad y un futuro estable. Lo que recibe a cambio es veneno, cinismo y una empresa pública que opera como si nada pudiera tocarla.
La Procuraduría del Medio Ambiente llega tarde o calla; los municipios se cruzan de brazos; y la CAEV administra la sed en vez de impedirla.
Veracruz vive bajo la maldición de una industria que debería servir al país, pero que aquí sólo deja contaminación y abandono.
Hoy ya no basta con corregir. Es indispensable obligar a Pemex a suspender toda operación de riesgo en la región hasta demostrar –con auditorías externas y públicas– que puede garantizar seguridad para las personas y para el agua.
No más derrames. No más excusas. No más sacrificio.
Porque el verdadero derrame no es el petróleo: es la dignidad rota de un estado que se ha visto obligado a normalizar la contaminación de su propio río.
La pregunta final es inevitable: ¿cuánto más permitirá Veracruz que lo destruyan?
