Ciudad de México.- El Ejército “tiene cuentas pendientes con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos”, y es su deber dar a conocer toda la información sobre los eventos ocurridos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, aseveró Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, una de las víctimas.
Al recibir a nombre de las madres y padres de los estudiantes la medalla “General Francisco Gallardo”, que les otorgó la asociación Mexicanos Unidos por su lucha de más de ocho años, Navarrete reiteró que no darán marcha atrás en su búsqueda de verdad y justicia.
En el Club de Periodistas, en entrevista, refirió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha hecho señalamientos “muy directos” sobre que el Ejército tiene documentación crítica del caso, como monitoreos de conversaciones telefónicas entre elementos de Guerreros Unidos, que no han querido entregar.
También, agradeció a todas las personas que los han acompañado y subrayó que la desaparición de los 43 estudiantes es un hecho “que no debe repetirse jamás”.
En el marco del segundo aniversario luctuoso del general Francisco Gallardo, quien pasó más de ocho años en prisión por proponer la creación de un ombudsman militar, Mexicanos Unidos entregó también una medalla a Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y de México.
Flores busca a sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, el primero desapareció en 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y el segundo en 2019 en Bahía de Kino. Al recibir su reconocimiento, exigió a las autoridades “que hagan su trabajo, busquen e investiguen”.
“Buenos o malos, culpables o inocentes, todos tienen el derecho a ser buscados y volver a sus hogares, con sus familias”, enfatizó.
En la entrega de estos reconocimientos, familiares y amigos del general Francisco Gallardo recordaron su legado. Lucía Chávez, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), destacó que su caso “fue el primero en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano la liberación inmediata de una persona”.
