El sangriento asalto al Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, sacó a la luz pública lo que los familiares de los internos y la sociedad juarense saben desde hace años: en dicha penitenciaría, cuya administración es responsabilidad del gobierno estatal, los grupos del crimen organizado actúan con total impunidad y no enfrentan ningún impedimento para conducir sus actividades criminales como si se encontraran en libertad. Así lo exhibe la coordinación sostenida entre los reclusos y el comando armado que irrumpió en la mañana del primer día del año para liberar a 25 reos, en su mayoría miembros de Los Mexicles, incluidos Ernesto Piñón de la Cruz, El Neto, y César Vega Muñoz, Chilín, importantes líderes de esa pandilla perteneciente al grupo Gente Nueva, brazo armado y operativo del Cártel de Sinaloa.
También da cuenta de la sensible descomposición imperante en el penal, el descubrimiento de armas largas y cortas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, 10 celdas “VIP”, drogas, más de 1.7 millones de pesos y hasta una caja fuerte por parte de las fuerzas federales que ingresaron al inmueble a fin de controlar el motín que siguió al ataque.
El gobierno de la entidad, emanado del Partido Acción Nacional y encabezado por María Eugenia Campos Galván, no puede llamarse a sorpresa ante los acontecimientos que costaron la vida a 17 personas (10 custodios y siete internos), causaron heridas de distinta gravedad a 15 (14 reclusos y un integrante del cuerpo de seguridad), sembraron pánico en la urbe fronteriza y dejaron sueltos a personajes que representan un serio peligro para la seguridad pública.
La inminencia del operativo de “rescate” de los reclusos era un secreto a voces en el Cereso y además se contaba con el antecedente del 11 de agosto, cuando sicarios de Los Mexicles incendiaron autobuses, atacaron tiendas y a civiles, con saldo de 11 muertos (entre ellos niños y mujeres), en reacción al rumor de que El Neto sería trasladado a otra cárcel. Según se presume, los bárbaros actos de ese día, que ya es recordado por los juarenses como “jueves negro”, fueron dirigidos por el propio cabecilla desde su celda.
Ante los trágicos sucesos del domingo, Campos Galván deberá explicar a sus gobernados por qué ignoró las señales de advertencia y nunca solicitó a las autoridades federales su apoyo para trasladar a El Neto y otros internos a una prisión federal dotada con mayores niveles de seguridad, lo cual solo podía realizarse a petición de su gobierno. Además de la ineludible comparecencia ante la ciudadanía, no puede descartarse el inicio de una investigación para determinar si hubo algún tipo de complicidad entre funcionarios estatales y elementos delictivos y, en su caso, fincar responsabilidades a quienes hayan facilitado, por comisión u omisión, el desarrollo de unos hechos tan lamentables.
