Juan José Enríquez
Atzacan, Ver.- Para evitar ser detenidos y así evadir la justicia, desde el 13 de agosto, el presidente municipal de Atzacan, Mario Alberto Vargas Amador, la síndica Carmen Alducin Hernández y la regidora única, Erika Marcelino no han puesto un solo pie en el Palacio Municipal, ubicado en calle de Sur 2 en la colonia Centro.
Esta situación ha causado molestia entre los habitantes que cuestionan a sus autoridades que incurren en el delito de incumplimiento de un deber legal al negarse a pagar el laudo en favor de 10 exempleados o su reinstalación, sólo por caprichos del alcalde que no tiene buena relación con esas personas.
Y es que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) ha ordenado el arresto de los ediles por desacatar sus órdenes de reinstalar a los exempleados.
Los extrabajadores despedidos acusaron que el alcalde ha pagado cantidades de dinero a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para así evitar su detención, pero comentaron que ante la advertencia que se emitió hacia el secretario de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, se espera que eso deje de pasar.
La ausencia de los ediles ha paralizado varias actividades administrativas en Atzacan, agravando la incertidumbre sobre la gobernabilidad del municipio.
Los pobladores temen que la situación ocasione una crisis política y administrativa, especialmente considerando que las órdenes de arresto no se han ejecutado, lo que refleja una posible complicidad o falta de voluntad por parte de la SSP para aplicar la ley.
El resolutivo publicado por el Poder Judicial, se estableció que la Secretaría de Seguridad Pública ha incumplido con tres órdenes de presentación y el arresto contra los ediles.
Y se ha advertido que si no cumplen con eso, el que tendría que pagar la multa de 15 UMAS sería el titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, pues han pretextado que los ediles no acuden al Palacio Municipal y ahora, están obligados a implementar la investigación correspondiente para localizarlos, ya sea en sus domicilios y no se deben limitar en ningún momento para cumplir con lo ordenado por el Tribunal toda vez que aún no se ha cumplido lo solicitado por el órgano jurisdiccional.
“Haciéndole saber a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que deberá realizar todas las acciones efectivas necesarias que están a su disposición para dar cumplimiento a la presente determinación y en caso de no localizar a los ediles en su oficina de despacho deberá implementar la investigación correspondiente para localizarlos”.
