Orizaba, Ver.– Jairo Guarneros Sosa, activista social y dirigente de la organización no gubernamental Coordinadora de la Sociedad Civil, aseguró que difícilmente el Estado mexicano acatará en su totalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aún más que se investigue a los presuntos responsables del caso Ernestina Ascencio Rosario, entre ellos el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
Tras darse a conocer el fallo del organismo internacional que declara al Estado mexicano responsable de la violación sexual, tortura y muerte de la indígena nahua, Guarneros Sosa reconoció que la resolución representa un avance importante en el reconocimiento de la verdad histórica; sin embargo, advirtió que existe un amplio antecedente de incumplimiento de sentencias internacionales por parte del propio Estado mexicano.
El activista recordó que durante años las autoridades federales y estatales sostuvieron una versión oficial que negaba la agresión sexual y atribuía la muerte de Ernestina a causas naturales, pese a las evidencias médicas y testimonios que apuntaban a un crimen grave ocurrido en un contexto de presencia militar en la sierra de Zongolica. “Hoy la Corte Interamericana confirma lo que las organizaciones sociales y la familia denunciaron desde el principio, que hubo violación, tortura y una muerte que el Estado intentó encubrir”, señaló.
Guarneros Sosa subrayó que uno de los puntos centrales del fallo es el señalamiento directo al Ejército Mexicano, por lo que resulta indispensable investigar quién ordenó el ataque, bajo qué circunstancias se dio y quiénes participaron tanto en la comisión del delito como en su posterior encubrimiento. En ese sentido, sostuvo que no se puede descartar la responsabilidad política de las más altas autoridades del país y del estado de Veracruz en aquel momento.
El defensor de derechos humanos también cuestionó la capacidad y la voluntad del Estado para cumplir con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana, entre ellas la creación de protocolos especializados para la atención de la violencia de género contra mujeres indígenas, la capacitación de servidores públicos y la contratación de intérpretes en lenguas originarias. “En un contexto de crisis financiera y de colapso en la procuración de justicia, es válido preguntarse cómo y cuándo se cumplirán estas obligaciones”, afirmó.
En este contexto, Guarneros recordó el caso del médico legista, Juan Pablo Mendozabal quien realizó la autopsia a Ernestina Ascencio Rosario y que fue despedido luego de documentar lesiones compatibles con una agresión sexual. Dijo que la sentencia de la Corte reivindica plenamente su trabajo profesional, el cual fue desacreditado por las autoridades en su momento. Consideró que el Estado de Veracruz está obligado a reconocer públicamente la validez de ese peritaje y a reparar el daño causado al especialista.
“Se confirma que el perito actuó con rigor científico y ética profesional. Su despido fue un castigo por decir la verdad, y ahora la Corte lo reivindica. Al Estado no le queda otra opción más que reconocerlo y hacerle justicia”, expresó el activista.
Finalmente, Guarneros Sosa advirtió que el escepticismo social está sustentado en hechos concretos, al recordar otros casos en los que el Estado mexicano ha incumplido sentencias internacionales. Citó el caso de los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, detenidos arbitrariamente en 2006, quienes obtuvieron una resolución favorable que incluía una disculpa pública que hasta la fecha no se ha realizado.
Para el activista, el caso de Ernestina Ascencio Rosario se convierte así en una prueba decisiva para el Estado mexicano, demostrar si está dispuesto a romper con la impunidad histórica y sancionar incluso a exmandatarios, o confirmar, una vez más, que las sentencias internacionales se reconocen en el discurso, pero se incumplen en los hechos.
