La eventual liberación anticipada de Javier Duarte de Ochoa no sería un acto jurídico aislado ni una simple decisión administrativa: sería un mensaje político devastador para Veracruz y para el país. Implicaría que uno de los periodos más oscuros de violencia, corrupción e impunidad contra la prensa pudiera cerrarse sin verdad, sin justicia y sin memoria.
Durante la gestión de Duarte como gobernador de Veracruz (2010-2016), el estado se consolidó como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo en contextos de paz. Sin guerra ni conflicto armado declarado, Veracruz acumuló niveles de violencia contra la prensa comparables a regiones bélicas. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras documentaron que fue el estado más letal de México para periodistas, en un país que ya figuraba entre los más peligrosos del planeta para informar.
De acuerdo con Artículo 19, al menos 17 periodistas fueron asesinados y cinco más desaparecieron durante ese sexenio. No se trató de hechos aislados ni de daños colaterales del crimen organizado, como se intentó instalar desde el poder, sino de un clima sistemático de hostigamiento, amenazas, estigmatización oficial y terror.
Ese clima se produjo bajo una estructura de poder identificable. En el plano operativo, la seguridad pública estuvo encabezada por Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública entre 2011 y 2016, posteriormente procesado por enriquecimiento ilícito. En el plano político, la gobernabilidad recayó en la Secretaría de Gobierno, a cargo de Gina Domínguez Colío durante el periodo más crítico de la violencia. No existe prueba judicial de que desde esa oficina se ordenaran agresiones contra periodistas, pero sí una responsabilidad política por omisión y silencio, al no contener la estigmatización ni exigir resultados efectivos.
Entre los casos emblemáticos está el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, asesinada en abril de 2012 en Xalapa. Regina no cubría nota roja: investigaba corrupción y poder político. La versión oficial intentó reducir su asesinato a un robo doméstico, una narrativa ampliamente cuestionada. Su caso se convirtió en símbolo de la manipulación institucional de la verdad.
Otro caso es el del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, obligado a salir de Veracruz por amenazas y asesinado en 2015 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, tras publicar una fotografía devastadora de Duarte en Proceso. A ellos se suman los casos de Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez, Moisés Sánchez Cerezo y Gerson Martínez Ávila, entre otros.
Hablar hoy de una liberación anticipada de Javier Duarte sin una revisión integral de este legado no es justicia, sino amnesia institucional. No se trata sólo de delitos financieros: se trata de un gobierno bajo el cual matar o desaparecer periodistas se volvió parte del paisaje.
La justicia no puede fragmentarse. No puede castigar el saqueo y olvidar la muerte. Si Duarte sale antes de tiempo, el mensaje será inequívoco: en México, el poder puede sobrevivir a la verdad.
Veracruz no necesita olvido. Necesita memoria, verdad y una justicia que no llegue tarde ni a medias.
