Ayer por la mañana, el nombre de Javier Duarte volvió a ocupar titulares. Un juez federal le dictó prisión preventiva justificada por una nueva imputación de peculado y lavado de dinero. No es un episodio aislado ni una simple nota judicial: es el recordatorio de que la herida que dejó su gobierno en Veracruz sigue abierta.
Duarte reaccionó como acostumbra: calificó las acusaciones como “sandeces” y sugirió que existe una instrucción política para mantenerlo en prisión. El libreto es conocido. El exgobernador se asume perseguido; el sistema judicial avanza con parsimonia; la sociedad observa con desconfianza acumulada.
Pero el caso Duarte no se reduce a expedientes contables. Su paso por el gobierno de Veracruz (2010-2016) no fue sólo un sexenio corrupto; fue una etapa de degradación institucional profunda. Bajo su mandato, al menos 17 periodistas fueron asesinados y varios más desaparecieron o huyeron del estado. Veracruz se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con cifras comparables a países en conflicto armado.
El daño no fue únicamente financiero. Fue moral, estructural, democrático. La corrupción alcanzó niveles obscenos, sí, pero lo que marcó a esa administración fue el clima de intimidación permanente. Policías infiltradas, fiscalías incapaces o cómplices, amenazas reiteradas y un ecosistema de miedo que obligó a la autocensura o al exilio.
El caso de Nadia Vera y Rubén Espinosa permanece como símbolo brutal. Huyeron de Veracruz tras denunciar amenazas y señalar públicamente al gobierno estatal. Rubén había difundido una fotografía devastadora del gobernador, que fue portada de la revista Proceso y se convirtió en un emblema del deterioro político del sexenio. Ambos fueron asesinados en la Ciudad de México en 2015. El mensaje fue demoledor: no había refugio. La violencia trascendía fronteras.
En 2018, Duarte fue sentenciado a nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero. Muchos consideraron la pena desproporcionadamente baja frente al tamaño del daño. No se juzgaba sólo un desfalco; se juzgaba un periodo en el que la vida pública veracruzana se descompuso hasta el límite.
Ayer por la mañana, al referirse al tema, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no corresponde al Ejecutivo intervenir y que será el Poder Judicial quien determine. La afirmación es republicana y necesaria. Pero también traslada la responsabilidad a un sistema que tiene pendiente demostrar que puede procesar, sin concesiones ni cálculos políticos, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del estado.
Duarte no es solo un exgobernador preso. Es el emblema de un modelo donde la corrupción neoliberal promedio fue superada con creces y donde el poder estatal convivió con la violencia sistemática contra la prensa. Lo que ocurra en este proceso no afectará únicamente su situación personal; definirá si el país es capaz de cerrar un ciclo de impunidad o si seguirá administrando el pasado con sanciones mínimas y memoria corta.
Si el desenlace vuelve a ser tibio, si las responsabilidades se diluyen o si la proporcionalidad vuelve a fallar, la señal será inquietante: que el poder puede saquear, intimidar y destruir, y aun así aspirar a negociar su salida.
