Astillero
La ejecución de dos colaboradores muy cercanos a la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, se ha producido en un contexto cargado de intereses deseosos de descarrilar o al menos distorsionar o condicionar la marcha del proceso llamado Cuarta Transformación, que actualmente avanza en la fase conocida como “segundo piso”.
Con independencia de los resultados que arrojen las investigaciones emprendidas por las autoridades capitalinas y federales —resultados que deben ser suficientemente confiables para disipar especulaciones—, es pertinente advertir los signos y hechos que enrarecen o buscan enrarecer el escenario nacional.
En primer lugar está la línea de fuego que el trumpismo ha tendido contra México, no sólo en terrenos arancelario, acuífero, ganadero y agrícola, sino especialmente en la pretensión de caracterizar a nuestro país como responsable unilateral del narcotráfico. Esto conlleva consecuencias inmediatas contra políticos y personajes de la Cuarta Transformación y, a mediano plazo, alienta opciones electorales y partidistas adversas a la corriente que hoy domina la institucionalidad mexicana.
Esa línea de fuego trumpista, que ya cuenta en México con una especie de coordinador ejecutivo —el embajador boina verde Ronald Johnson—, promueve abiertamente la posibilidad de una intervención directa en México para exterminar a cárteles criminales y sus jefes. Como si el narcotráfico fuese sólo un problema externo y no producto también del alto consumo en Estados Unidos y la red de corrupción que lo posibilita, el trumpismo bélico genera condiciones de desestabilización y desasosiego, no sólo en México, como medio para expandir su poder.
En lo interno, una oposición a la 4T que no ha podido generar fórmulas propias de fortalecimiento apela a la tutela del trumpismo, deseando una crisis en México que abra el camino a su retorno al poder bajo la dirección explícita de Estados Unidos.
Ayer, la conferencia matutina estuvo marcada por el impacto del asesinato de la secretaria particular de Clara Brugada, Ximena Guzmán, y del asesor José Muñoz. El secretario federal de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, recibió información y la transmitió poco después a la Presidenta de la República, en una escena tensa. La propia jefa de Gobierno hizo una declaración dolida ante los medios, en un proceso donde se siembran miedo, confusión y desaliento.
En Corcovada, municipio potosino de Villa Hidalgo, se declaró clausurado el proyecto impulsado por dos empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por orden de la presidenta Sheinbaum, confirmó que dichas empresas afectaban el medio ambiente y tierras ejidales sin autorización.
Resulta relevante la conexión entre lo ambiental y lo agrario: aunque una asamblea de ejidatarios votara por vender sus tierras, el gobierno federal insistió en la necesidad de evaluar los riesgos ambientales, algo que usualmente se detecta años después, cuando el daño ya es irreversible.
Lo sucedido en Corcovada puede marcar un precedente para otros movimientos sociales que se oponen a proyectos extractivistas o denuncian violaciones ambientales o agrarias, como el de la Bahía de Ohuira, en Sinaloa.
¡Hasta mañana!
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