Orizaba, Ver.- Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador federal por el distrito de Zongolica, Jonathan Puertos Chimalhua, condenó enérgicamente la muerte del obrero Felipe Ramos Santos, ocurrida el 3 de abril en la empresa Talleres y Aceros, ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlán.
Durante la sesión, el diputado solicitó un minuto de silencio en memoria del trabajador fallecido, al tiempo que visibilizó lo que calificó como una preocupante cadena de accidentes laborales en dicha planta acerera.
En su posicionamiento, subrayó que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón alarmante: tres trabajadores han perdido la vida en menos de un año en las instalaciones de esta empresa.
Puertos Chimalhua lanzó un exhorto directo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a nivel federal para que encabece una investigación exhaustiva sobre las condiciones laborales en Talleres y Aceros, así como para revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial.
“El fallecimiento de Felipe Ramos Santos no puede quedar impune ni ser tratado como un incidente más. Es urgente garantizar que las empresas cumplan con las normas de seguridad y protejan la vida de sus trabajadores”, expresó desde la máxima tribuna del país.
Asimismo, el legislador hizo un llamado a la empresa para que asuma su responsabilidad social, brinde respaldo económico y acompañamiento a la familia del obrero fallecido, y colabore plenamente con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.
El caso ha provocado indignación entre sectores laborales y sociales de la región centro de Veracruz, donde trabajadores han denunciado de manera reiterada condiciones inseguras en la industria acerera.
La exigencia principal consiste en frenar lo que consideran negligencia empresarial y evitar que más familias enfrenten pérdidas humanas por posibles fallas en la seguridad laboral.
Hasta el momento, ni la empresa Talleres y Aceros ni autoridades federales han emitido un posicionamiento oficial sobre estos señalamientos.
Entretanto, crece la presión pública para que se finquen responsabilidades y se implementen medidas urgentes que garanticen la integridad de los trabajadores.
