El Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó que toda la comunicación entre la alcaldesa de Villa Aldama, Guadalupe Romero Sánchez, y los integrantes de su cabildo, se tendrá que dar de manera escrita.
El acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias que tendrá que ser votado en el Consejo General se dio como medidas cautelares a favor de la alcaldesa que denunció violencia política de género, de parte de los integrantes del Cabildo de Villa Aldama.
Las medidas cautelares que impuso el OPLE tienen como objetivo evitar que las conductas de agresiones se repitan, toda vez que la alcaldesa denunció que era vigilada por los integrantes del cabildo.
Romero Sánchez denunció que tenía colocada una “cámara espía” en su oficina; que se le presiona para expedir nombramientos; que se amenaza e intimida al personal que colabora con ella y que se le obliga a destituirlos; que se llevan a cabo reuniones de trabajo sin su consentimiento; que en las sesiones de cabildo se incluyen puntos sin previa circulación, y que sus compañeros ediles se toman atribuciones que no les competen.
La alcaldesa señaló como responsables de la violencia a Fidel Hernández Gutiérrez, Joaquina Contreras Platas y Marcos López Cruz, síndico, regidora primera y regidor segundo del ayuntamiento, la mayoría del extinto Partido Encuentro Solidario (PES).
En el análisis, los consejeros consideraron que el ayuntamiento de Villa Aldama se repiten esquemas patriarcales, misóginos y discriminatorios por razón de género; por lo anterior, pidieron a los ediles abstenerse de realizar acciones o expresiones tendientes a vulnerar el derecho humano de la alcaldesa. También deben abstenerse de coaccionar e intimidar a su círculo cercano y hacer comentarios basados en estereotipos de género en contra de la denunciante.
Además, las comunicaciones o contactos con la alcaldesa serán por escrito sin que ello signifique que no se puedan celebrar sesiones de cabildo ni asistir a eventos oficiales, pero deberá prevalecer un ambiente libre de violencia.
