El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) descartó sancionar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Morena, así como a Pío Lorenzo López Obrador y a David Eduardo León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil, tras las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), que iniciaron una investigación que se prolongó por más de cinco años.
Las querellas se derivan de la publicación de los videos en 2020 con los que se quiso demostrar que el exfuncionario federal presuntamente entregó dinero a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante ello, la Unidad Técnica de Fiscalización inició una investigación “con rigor”, afirmó la Consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización.
“Se verificó la trazabilidad financiera en montos bancarios, contables, fiscales. Se analizó documentación, soporte y registros contables, incluso se consideraron peritajes técnicos al material audiovisual; sin embargo, de nada de ellos se obtuvo un grado suficiente para acreditar la conducta denunciada. No hay rastro bancario, registro contable. No hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, expuso.
Recordó que el 28 de octubre de 2020 la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió el recurso de apelación promovido por Pío López que ordenó al INE dar continuidad a las investigaciones bajo el principio de exhaustividad, lo que duró cinco años.
Se informó que la Unidad Técnica de Fiscalización efectuó numerosas diligencias, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas directamente vinculadas en los videos a fin de rastrear posibles vínculos financieros, explicó.
“Durante la sustanciación se recibieron respuestas que en lo general no acreditaron transferencias bancarias ni flujos financieros irregulares”, dijo la consejera electoral aunque lamentó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se negara a dar la información solicitada, “lo cual representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas de investigación”.
De manera unánime, los consejeros electorales aprobaron el proyecto en el que se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización en contra de ambos.
