Por Omar Hiram Viveros Hernández
Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes
A Ernesto Pérez Astorga, Secretario de la SEDECOP de Veracruz
El proyecto surge como una respuesta crítica y propositiva frente a los retos que plantea el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el megaproyecto de infraestructura y desarrollo regional impulsado por el gobierno federal. Este corredor busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos, parques industriales y zonas logísticas, por lo que existe una preocupación legítima por la posible exclusión de las comunidades indígenas en los procesos de planeación, ejecución y beneficios de dicho proyecto.
Históricamente los pueblos indígenas del Istmo —zapotecos, mixes, huaves, zoques, chinantecos, chontales, popolucas, entre otros— han sido marginados del desarrollo nacional. El tema surge como una alternativa de intervención pública basada en inclusión, justicia económica, y respeto a la autonomía indígena que permita empatar los beneficios del CIIT con los derechos colectivos.
El CIIT contempla la instalación de 12 Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), parques industriales orientados a atraer inversión privada y pública para generar empleos. La mayoría de la transformación socioterritorial esperada se encuentra en una región con altos niveles de pobreza y baja infraestructura local.
La intervención se enfocará en comunidades indígenas localizadas en los municipios cercanos a los citados polos, donde el contraste entre el potencial económico del proyecto y la exclusión histórica de los pueblos indígenas es más visible. Sin una intervención activa, se corre el riesgo de exacerbar las desigualdades existentes.
El proyecto se ubica en una región geoestratégica pero históricamente marginada que hoy vive un momento de transición decisiva: el Istmo de Tehuantepec es un socioterritorio complejo que representa el punto de intersección entre intereses económicos, geopolíticos, sociales, culturales y ambientales.
Este marco contextual se organiza en varios niveles: geográfico y económico, social y cultural, y político-institucional. Su comprensión y explicación académica es esencial para justificar la intervención y delinear sus alcances.
Las motivaciones académicas de nuestra intervención son:
- Social: existe una necesidad urgente de cerrar las brechas de desigualdad entre las comunidades indígenas del Istmo y los nuevos polos industriales.
- Política: contribuir al fortalecimiento de la participación indígena en las decisiones de política pública en consonancia con los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
- Académica: nuestra propuesta realizada desde El Colegio de Veracruz es aplicar conocimientos sobre economía social, desarrollo territorial, diseño de política pública y gobernanza colaborativa, desde un enfoque interdisciplinario.
- Personal y ética: impulsar un modelo de desarrollo que respete la diversidad cultural y promueva la justicia económica es una responsabilidad moral ante el modelo dominante de crecimiento excluyente.
El objetivo general que ahora planteamos es el estudio para impulsar un modelo de desarrollo económico incluyente, territorialmente equilibrado e intercultural en y con las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec mediante instrumentos de política pública que articulen las capacidades locales con los beneficios del CIIT.
Este objetivo se centra en cerrar la brecha entre los grandes proyectos de infraestructura promovidos por el Estado mexicano y las realidades socioculturales y económicas de los pueblos originarios que habitan el Istmo.
La finalidad es que el desarrollo no se imponga desde fuera, sino que surja desde los propios territorios, aprovechando el marco de la inversión pública y privada, pero orientándola hacia fines socialmente justos.
Este objetivo también incorpora un enfoque de autonomía indígena que reconoce el derecho de los pueblos originarios a decidir su propio destino económico, respetando su cultura, identidad y formas de organización.
Para ello, la gobernanza del CIIT debe incluir la voz y el voto de las comunidades afectadas, no sólo como beneficiarias, sino como co-diseñadoras del desarrollo regional sostenible.
Las comunidades indígenas del Istmo han sido sistemáticamente marginadas del acceso a educación de calidad, los servicios de salud, infraestructura, financieros y la exclusión de la participación en la economía formal.
Esta exclusión se refleja en datos como:
- Más del 70% de los municipios del Istmo presentan índices altos de pobreza multidimensional (CONEVAL, 2022).
- La participación indígena en proyectos como el CIIT ha sido limitada y no vinculante, generando tensiones sociales y resistencia legítima.
- La mayoría de los empleos generados por el desarrollo industrial proyectado son ocupados por personas externas, sin mecanismos efectivos de inclusión local.
El CIIT representa una ventana histórica de inversión pública y privada en la región. No intervenir con una política redistributiva implicaría reproducir un modelo de crecimiento excluyente, el modelo capitalista, donde los beneficios se concentren en grandes empresas, mientras que los costos sociales los asuman las comunidades locales.
El proyecto propone reconfigurar esa lógica, usando el mismo desarrollo del CIIT como palanca para fortalecer la autonomía económica indígena, el empleo digno y la justicia socioterritorial.
A diferencia de propuestas extractivas, este proyecto busca transformar las estructuras de exclusión mediante políticas que fortalezcan la agencia de los pueblos originarios.
Al promover la participación activa, el control sobre los recursos y el acceso equitativo a las oportunidades, se siembran las bases para un modelo de desarrollo sostenible, justo y propio.
Por el contrario, el modelo económico dominante ha sido históricamente centralista y extractivo, concentrando la inversión y los beneficios en sectores empresariales, sin una planeación territorial equitativa ni inclusión real de los actores locales, especialmente los pueblos originarios que habitan el socioterritorio, cada uno con su propia lengua, formas de organización social y conocimientos ancestrales.
Estos pueblos enfrentan históricamente una situación de exclusión estructural reflejada en:
- Altos niveles de pobreza y marginación. Según el CONEVAL, más del 70% de la población en municipios indígenas del Istmo vive en condiciones de pobreza multidimensional.
- Desigualdad de acceso a servicios básicos. Infraestructura deficiente en salud, educación, agua, caminos rurales y conectividad digital.
- Débil acceso al empleo formal y financiamiento. La mayoría de las personas se ocupan en el sector informal, la agricultura de subsistencia o actividades precarias.
- Emigración forzada. Las condiciones económicas han llevado a miles de jóvenes a migrar, erosionando el tejido comunitario.
- Desplazamientos territoriales y conflictos. En muchos casos, otros proyectos históricos han generado tensiones con las comunidades por la falta de consulta y participación.
Históricamente respondiendo a este panorama de rechazo y exclusión, las comunidades indígenas del Istmo han desarrollado formas propias de resistencia, organización y resiliencia, tales como el sistema de cargos, las cooperativas, la economía de usos y costumbres, y los sistemas normativos internos, que constituyen activos institucionales valiosos para una política de desarrollo justa y adaptada.
El actual impulso del gobierno federal al CIIT representa un momento clave para repensar el papel del Estado en la región. A pesar de los discursos sobre bienestar e inclusión, persiste un modelo tecnocrático y vertical de desarrollo, que prioriza la inversión privada y la infraestructura dura sobre los derechos colectivos, la equidad territorial y el respeto a la autonomía indígena.
A nivel institucional, existen varios programas y dependencias involucradas en el CIIT; sin embargo, se observa una falta de articulación entre estos actores, así como ausencia de mecanismos formales y vinculantes de participación indígena.
Las consultas han sido criticadas por no cumplir estándares internacionales, y muchas comunidades denuncian imposición, opacidad y falta de respeto a sus decisiones.
A nivel legal, el país cuenta con una base normativa robusta para sustentar una intervención inclusiva manifestada en las modificaciones del 2024 al Artículo Segundo de la Constitución mexicana.
El concepto de pueblos originarios implica una identidad colectiva basada en la historia, lengua, cultura, territorio y formas propias de organización.
El artículo reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con capacidad para decidir sus formas internas de organización y desarrollo.
Esto significa que existen las bases legales para realizar una intervención con justicia y legitimidad, pero se requiere voluntad política, diseño institucional adecuado y herramientas específicas para traducir esos derechos en realidades económicas, ya que su contexto geopolítico, social y normativo ofrece tanto riesgos como oportunidades.
La clave del éxito estará en construir puentes entre el desarrollo económico y la justicia social, lo cual exige una serie de políticas públicas adaptadas al territorio, centradas en las personas –especialmente los indígenas– y conducidas desde el respeto a los derechos colectivos.
Este marco contextual fundamenta la pertinencia del proyecto y permite comprender las condiciones que lo hacen necesario, viable y éticamente irrenunciable.
El concepto de desarrollo económico incluyente parte de la crítica a los modelos tradicionales de crecimiento económico que han privilegiado la acumulación de capital sobre la equidad y la participación.
Desde este enfoque, el desarrollo no se mide sólo en términos de PIB o atracción de inversiones, sino en la capacidad de generar oportunidades económicas justas, sostenibles y accesibles para todos, especialmente para poblaciones históricamente excluidas, como los pueblos indígenas.
Autores como el hindú Amartya Sen (1999) vinculan el desarrollo con la expansión de libertades reales y capacidades humanas, mientras que organismos como la CEPAL (2021) promueven un desarrollo con igualdad, donde la inclusión económica va de la mano con la reducción de desigualdades estructurales.
En el caso de los pueblos indígenas, el socioterritorio es fuente de identidad, subsistencia y espiritualidad, además de base productiva y organizativa.
El desarrollo endógeno es una corriente teórica y práctica que defiende que el crecimiento económico debe partir de las capacidades internas del territorio: saberes locales, recursos naturales, tejido social y cultural, en lugar de imponer modelos externos.
La autonomía indígena es entendida como la facultad de los pueblos para ejercer el autogobierno, conservar sus sistemas normativos y culturales, y definir sus prioridades políticas, económicas y sociales.
Esta autonomía no es aislamiento, sino una forma legítima de relación con el Estado bajo los principios del pluralismo jurídico y la interculturalidad.
Desde el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Estados tienen la obligación de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos antes de adoptar medidas que les afecten directamente.
La gobernanza es la forma en que se toman decisiones colectivas en un territorio, incluyendo a todos los actores relevantes. En territorios indígenas, la gobernanza debe incorporar los sistemas normativos internos, reconociendo su legitimidad jurídica y funcional.
La política pública es el conjunto de decisiones, normas y acciones del Estado para resolver problemas públicos.
Sin embargo, en contextos indígenas, las políticas tradicionales suelen ser inapropiadas, ya que ignoran las realidades culturales, institucionales y económicas locales.
Por ello, se requiere un enfoque de interculturalidad en la política pública, es decir, que las políticas sean diseñadas desde el diálogo entre saberes y prácticas distintas, incorporando las perspectivas de los pueblos indígenas no sólo como beneficiarios, sino como co-diseñadores, co-implementadores y co-evaluadores de las intervenciones.
El marco conceptual expuesto sustenta teóricamente nuestra propuesta de intervención situándola en una intersección crítica entre economía, derechos colectivos, territorio e interculturalidad.
No se parte de una visión tecnocrática, sino al contrario, de una visión transformadora del desarrollo, donde el respeto a las autonomías indígenas, la articulación territorial y la corresponsabilidad institucional son elementos centrales.
Este enfoque no sólo es pertinente, sino necesario para construir en el futuro una política pública efectiva, justa y sostenible en el Istmo de Tehuantepec que no reproduzca las exclusiones del pasado, sino que inaugure nuevas formas de construir bienestar desde los pueblos originarios.
