Orizaba, Ver.- El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez recrudeció la campaña de acoso y represión en contra de aquellos que disienten de su reelección, así lo afirmó Marisol Luna Leal, exabogada general de la UV; señala que entre las acciones intimidatorias destaca acoso administrativo, laboral y un descrédito público en contra la oposición al rector.
De inicio acusa el emprendimiento de diversas acciones implementadas por la rectoría en los últimos siete meses tales como, cambio masivo de consejeros ex oficio y maestros, cabildeos en diversas instancias gubernamentales así como en la Anuies para mantener la ilegal prórroga; de manera selectiva recrudecer las políticas de renovación de contratos laborales, restringir u otorgar contrataciones académicas semestrales incrementar o eliminar compensaciones y bonos” son algunas de las medidas represivas
Asimismo, señala, “hay procedimientos para fincar responsabilidad administrativa; intimidar sutilmente a estudiantes que se manifestaron en contra de la prórroga; mantener en observación a determinados académicas y académicos, sin duda, y aunque se niegue, evidencia que algo no está bien, existe un desgaste que debilita la estructura institucional de la universidad”.
“Cuando se persigue o reprime el disenso en el ámbito universitario, el daño trasciende a la persona individual, afectando gravemente al tejido democrático de toda la sociedad, precisamente por la trascendencia social de la universidad como espacio de pensamiento crítico. No corresponde a la esencia académica de una universidad equiparar el disenso con el desprestigio institucional; al hacerlo, se eliminan los imprescindibles contrapesos y se opta conscientemente por el camino del autoritarismo”.
El conflicto se hizo visible durante la sesión del Consejo Universitario General celebrada el día 15 de este mes, cuando el rector Martín Aguilar Sánchez mencionó con nombre y apellidos a los académicos que promovieron juicios de amparo para impugnar la prórroga que le fue otorgada por la Junta de Gobierno. Durante la sesión, tanto el rector como consejeros cercanos a la rectoría sostuvieron que las acciones de disenso forman parte de una estrategia para desprestigiar a la Universidad Veracruzana y afectar su imagen institucional.
En ese contexto, Aguilar Sánchez afirmó, “A pesar de toda esta campaña ofensiva en contra de la institución y de mi persona buscando el desprestigio, a ellos les digo que la Universidad y el de la voz siempre les hemos respetado sus derechos a la libertad de expresión y asociación”.
Al respecto, la académica, una de las personas aludidas en la sesión, manifestó su preocupación por el uso de un foro de alta relevancia para desacreditar a quienes no estuvieron presentes y, por tanto, no pudieron defenderse o responder en ese momento. Consideró que esta práctica constituye un abuso de poder y una actitud tendenciosa, al exponer públicamente a personas que ejercen derechos legítimos.
Luna Leal cuestionó la finalidad de mencionar públicamente a quienes promovieron amparos y rechazó que estas acciones jurídicas puedan considerarse un intento de desprestigiar a la institución. Sostuvo que, por el contrario, el objetivo del disenso ha sido fortalecer la vida democrática de la universidad y garantizar el respeto a la legalidad universitaria y a los derechos humanos de su comunidad.
Asimismo, planteó que resulta imprescindible preguntarse si la verdadera intención de la autoridad universitaria fue exhibir a académicos por ejercer su derecho a disentir, colocándolos en una situación de vulnerabilidad. A su juicio, este tipo de prácticas buscan acallar voces críticas y reflejan una deriva autoritaria incompatible con la esencia de una institución de educación superior.
La académica advirtió que la persecución o represión del disenso universitario no solo afecta a personas en lo individual, sino que daña el tejido democrático de la sociedad, dado el papel central de la universidad como espacio de pensamiento crítico. Equiparar el disenso con el desprestigio institucional, afirmó, elimina los contrapesos y abre la puerta al autoritarismo.
En relación con los argumentos del rector sobre el Estado de derecho y la autonomía universitaria, Luna Leal sostuvo que estos no deben utilizarse como consignas discursivas, sino traducirse en acciones concretas que garanticen legalidad y protección efectiva de derechos. Señaló que la legalidad se quebrantó desde el momento en que la Junta de Gobierno aceptó la solicitud de prórroga.
Finalmente, calificó como alarmante que el rector presente el respeto a los derechos humanos como un acto de generosidad, cuando se trata de una obligación constitucional inherente al cargo. El respeto a la libertad de expresión y reunión, concluyó, no es una concesión, sino un pilar fundamental de la vida democrática y plural de la Universidad Veracruzana.
