Las previsiones de crecimiento del PIB de México para el cierre de 2024 indican una clara desaceleración de la economía nacional. Tales previsiones, que incluyen las de 2025, han sido difundidas por organismos nacionales y extranjeros. Entre los primeros sobresale el Banxico y en los segundos el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los fundamentos de ello eran conocidos desde hace un buen tiempo; por la alta dinámica de la deuda pública, la baja tasa de inversión, particularmente de la nueva inversión extranjera directa (greenfield), y los factores estructurales adversos, como la falta de agua, energía y los requerimientos de infraestructura, sin omitir las indefiniciones burocráticas sobre la materia y el papeleo que implican.
A la tendencia adversa de la inversión se ha agregado el recientemente menguado consumo nacional, en mucho a causa de la inflación, particularmente de los productos agroalimentarios, la energía y las tarifas autorizadas por el gobierno. Bien se dice, por ello, que en la economía, como en la naturaleza, no hay generación espontánea.
Desde 2015, el presupuesto federal entró “oficialmente” en un proceso de austeridad, culminando en 2022 con la cancelación de diversos fideicomisos y el cierre de entidades de financiamiento, como aconteció con la Financiera Nacional de Desarrollo y el Fondo de Fomento Minero, entre otros. Para 2025 se ha anunciado una “consolidación fiscal” que implica la reducción del crecimiento del endeudamiento anual del orden de 3% del PIB, lo que repercutirá en un menor gasto federal de 8.8% con respecto a 2024.
Ello significará en 2025 un presupuesto menor respecto al de este año en el orden de 800 mil millones de pesos. Austeridad y menor gasto en un contexto en el que la deuda pública alcanzará, al cierre de 2024, alrededor de 17 billones de pesos, con un costo financiero anual de cerca de un billón y medio de pesos. Es decir, se tendrá un incremento de deuda pública en 2024 de 70% respecto a 2018.
Así, la tasa de crecimiento (junio) del PIB definida por el FMI en 2023 fue de 3.2%, y la esperada para 2024 sería de 2.2%, y en 2025 de 1.6%; la mitad de la alcanzada en el primer año referido. Dicho de una manera más directa, la tasa de crecimiento esperada para México en 2025 sería 50% de la alcanzada en 2023. Caída en un corto plazo que, en cualquier contexto económico, se antojaría preocupante, con las consecuencias adversas en la ocupación y el empleo. Situación que podría ser acrecentada por las expectativas negativas de la economía norteamericana, el mayor socio del país, cuya desaceleración se espera indefectiblemente en 2025.
Ante esta expectativa, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo atemperar la desaceleración de la economía mexicana? Convencionalmente, la medida dictada por los economistas se basa en un mayor gasto público, es decir, en generar deuda pública. Misma que se debería pagar una vez recuperada la dinámica económica. Pero en las actuales circunstancias, una política anticíclica vía el gasto público es difícil de instrumentar por los compromisos anunciados para 2025 de reducción de las erogaciones públicas. Ello, además, de que buena parte del gasto para 2025 está comprometido para el pago de transferencias monetarias (apoyos sociales), para la terminación de obras en proceso y la operación, aún parcial, de las ya realizadas. Lo que ha obligado a posponer hasta 2026 el inicio de las obras estratégicas del nuevo gobierno, según lo ha anunciado la misma presidenta.
Ante esta situación, pareciera factible aplicar una política anticíclica vía el financiamiento no presupuestal, considerando especialmente el capital con que cuenta México en instituciones financieras internacionales, como de los recursos de entidades nacionales que disponen de free cash flow (recursos líquidos libres) no presupuestales y de los recursos financieros de la banca de desarrollo.
Tales serían los casos, a guisa de ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (México cuenta con el orden de 8% del capital) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank), en el que México tiene el 50% del capital, entre otros casos. En el mismo sentido, el INFONAVIT tiene una gran caja de recursos cuya propiedad es de los trabajadores y no del gobierno, por lo que cumplir con la meta presidencial de un millón de viviendas es factible, pero hay que iniciar la tarea ya. La banca de desarrollo, especialmente Banobras, Nafin y Bancomext, pueden, además, apoyar el financiamiento, aún externo, para infraestructura y la producción.
Importante es resaltar que el financiamiento al que sería posible acceder no sería para el sector público, dadas las restricciones presupuestales y de deuda pública, sino para el sector privado y social, con repago; asignándolo a proyectos de alto impacto, rápida maduración y rentables. Ello implica actuar de manera programática, creativa, ágil y participativa con los sectores productivos, más allá de las instancias burocráticas tradicionales del presupuesto de entradas y salidas, como fondos perdidos, carentes de proyectos, sin evaluación de impacto y faltos de seguimiento en su ejercicio.
El reto para atender la desaceleración económica nacional no es simple ni sencillo. Obliga a verlo en su justa dimensión, posiblemente de emergencia. Hay que insistir, no hay suficientes recursos presupuestales para atender la situación productiva desafiante, incluidas las oportunidades y requerimientos del nearshoring. El gran riesgo es que la desaceleración económica internacional, estimada de 2025 a 2029 por el Banco Mundial, nos alcance sin haber hecho nada para atender nuestra adversa circunstancia y que el futuro mediato se complique socialmente de forma aguda.
No puede haber crecimiento sin financiamiento. El presupuesto público per se no se reproduce; no es garantía de crecimiento. Ampliarlo con mayores gravámenes y de manera generalizada en circunstancias de apremio de ingresos puede llevar a extraer recursos de los otros sectores, más eficientes y productivos, hacia el aparato gubernamental, lo que sería finalmente seguir alimentando al minotauro.
J. Antonio Reyes Ph. D.
