Orizaba, Ver.- Lo que para Marina Rodríguez Guevara comenzó como una denuncia por violencia familiar terminó en un largo recorrido por instituciones que, lejos de protegerla, le cerraron las puertas.
La mujer acusó que el Instituto Municipal de la Mujer (IMMO), el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Orizaba, la Fiscalía y el Poder Judicial han incurrido en omisiones que han permitido que permanezca separada de sus hijos desde junio de 2024.
La denunciante relató que decidió acudir ante la Fiscalía para denunciar violencia física, sexual, psicológica y económica presuntamente ejercida por su expareja.
Sin embargo, afirmó que las fiscales identificadas como Miriam y Melba se negaron a recibir formalmente su denuncia y, en lugar de iniciar una investigación, la enviaron al Instituto Municipal de la Mujer, donde fue nuevamente revictimizada.
Según su testimonio, en el IMMO no encontró el respaldo esperado pese a sufrir lesiones visibles.
Por el contrario, mencionó que personal de esa dependencia le sugirió buscar acuerdos con su presunto agresor y limitarse a fotografiar los golpes para observar cuánto tardaban en desaparecer. Incluso, afirmó que hubo comunicación entre funcionarios del instituto y su expareja, sin que se activaran mecanismos efectivos de protección para ella y sus hijos.
Marina Rodríguez también señaló al DIF de Orizaba por, presuntamente, no garantizar la protección de los menores durante el conflicto familiar.
Explicó que acudió a esa institución con la intención de lograr una separación pacífica y establecer una custodia compartida, pero aseguró que la intervención institucional resultó insuficiente y no evitó que sus hijos permanecieran alejados de ella.
La madre denunció además que su expareja ha incumplido reiteradamente las convivencias supervisadas ordenadas por la autoridad en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), así como diversas diligencias psicológicas y entrevistas especializadas para los menores.
Afirmó que, pese a esos desacatos, las resoluciones judiciales no se han hecho cumplir y que el sistema ha permitido que el proceso permanezca estancado.
Las críticas también alcanzaron al Poder Judicial. Rodríguez Guevara sostuvo que los expedientes permanecen inmóviles durante semanas o meses, provocando la pérdida de citas con especialistas y retrasando la restitución del vínculo con sus hijos.
A su juicio, la inacción de los juzgados ha terminado por favorecer a quien incumple las resoluciones judiciales.
Durante su pronunciamiento, la mujer pidió a la gobernadora Rocío Nahle revisar a fondo el funcionamiento de los juzgados familiares de Orizaba mediante la intervención del Tribunal de Disciplina Judicial.
Solicitó auditorías a los expedientes, supervisión directa de jueces y magistrados, así como escuchar a las víctimas que denuncian retrasos, negligencia e impunidad en la impartición de justicia.
Finalmente, Marina Rodríguez lanzó el señalamiento más severo al cuestionar si detrás de las constantes dilaciones existe una presunta red de corrupción dentro del Poder Judicial.
Afirmó que ha conocido casos donde se acusa a jueces de solicitar dinero para agilizar procesos y exigió que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía transparenten su actuación.
Mientras tanto, ella continúa esperando justicia y el regreso de sus hijos, convencida de que las omisiones institucionales han prolongado un caso que, asegura, nunca debió quedar en el abandono.
