Coatzacoalcos, Ver.- Un grupo de mujeres del sur de Veracruz se manifestó afuera de los juzgados familiares para denunciar la violencia vicaria que sufren. Muchas de ellas llevan más de cinco años en procesos judiciales tratando de recuperar a sus hijos.
Durante la protesta, señalaron arbitrariedades y corrupción en los Juzgados Octavo y Décimo de lo Familiar del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Coatzacoalcos, donde, a pesar de contar con amparos y fallos a su favor, no les han permitido convivir con sus hijos.
Una de las afectadas es Emi Betzaida Romero Aguilar, una migrante hondureña con dos hijos mexicanos. Su hijo menor, Jair, fue sustraído por su padre, Jair Cayetano Hernández, el 26 de mayo de 2023.
El juez Octavo, Luis Daniel Ruiz, le concedió el depósito judicial del menor a su expareja, a pesar de que existe una denuncia por sustracción de menores. Argumentó que ella no está capacitada para cuidar a su hijo por ser extranjera y por tener otro hijo con síndrome de Asperger. A pesar de que Emi lleva 10 años viviendo en México y es residente legal, su nacionalidad ha influido en el juicio en su contra.
Otra de las madres que protestó fue Abigaíl Meléndez, quien lleva cinco años luchando por ver a su hijo. Actualmente, debe pagar 40 por ciento de pensión, pero no le permiten convivir con el menor, Ian Mateo. Relató que ha obtenido amparos que le conceden el derecho de visita, pero la jueza Décima, María Alicia Caram Castro, no ha restituido su derecho. Expuso que en ese juzgado hay múltiples casos similares, donde los fallos favorecen a los padres con mayores recursos económicos.
“A mi hijo me lo quitó su papá, David Girón, hace cinco años y no me deja verlo. El 10 de octubre de 2020 promovió un depósito en el Juzgado Décimo Cuarto, que ya no existe, y mi caso fue turnado al Juzgado Octavo. Por la vía federal se ordenó que me restituyeran a mi hijo, pero lo que hizo su padre fue poner a su mamá, Juana Collado Jiménez, como depositaria. Ahora, además, me están demandando nuevamente por pensión”, denunció.
Lázara del Carmen Escotia Ochoa, otra madre afectada en Cosoleacaque, relató que vivió siete años con su pareja, quien la violentaba y violaba. Tras separarse, el padre de sus hijos aprovechó un espacio de convivencia para presionarlos y hacerlos declarar en su contra.
“Mis hijos declararon que mi nueva pareja y yo los golpeábamos. Pero después de siete años de golpes y amenazas, yo no he iniciado ninguna relación. Todo es mentira para quedarse con mis hijos. Él es un hombre violento que los mantiene bajo amenazas; mis niños tienen apenas 6 y 7 años”, expresó. Detalló que la jueza entregó el depósito judicial de los menores a su expareja, aun cuando ella presentó pruebas de que él padece esquizofrenia y epilepsia.
En los juzgados de Coatzacoalcos hay otros juicios en circunstancias similares. Las madres esperan que la aprobación de la ley contra la violencia vicaria pueda acelerar los procesos y les permita recuperar a sus hijos.
Denunciaron que muchas mujeres viven separadas de sus hijos debido a irregularidades y retrasos en los juicios, los cuales se han convertido en procesos desgastantes tanto emocional como económicamente.
Crimen de Mitzi fue feminicidio, consideran familiares
Cosoleacaque, Ver.- Los familiares de la joven Mitzi Amairani Rosario Martínez, encontrada muerta en un motel, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGR) que la carpeta de investigación siga la línea del feminicidio, además de esclarecer el robo de 35 mil pesos que ella llevaba.
Familiares y amigos de la enfermera, de 29 años, realizaron una protesta frente al motel C5C, ubicado en Minatitlán, donde fue hallada sin vida, semidesnuda y colgada.
Ruth Martínez, tía de la joven, declaró que Mitzi ingresó al motel acompañada de su pareja y alcanzó a comunicarse con su familia para que fueran por ella. Sin embargo, el personal del establecimiento no les permitió entrar a buscarla en las habitaciones.
Indicaron que tuvieron que solicitar la intervención de la policía y, cuando finalmente lograron ingresar al cuarto, Mitzi ya había muerto. Presentaba varios golpes y señales de estrangulamiento, por lo que consideran que se trató de un feminicidio.
Además, informaron que la enfermera acababa de cobrar su salario como especialista y llevaba consigo aproximadamente 35 mil pesos, los cuales no fueron encontrados. Presumen que el mismo personal del motel se apropió del dinero.
Los familiares exigen que la investigación también abarque al personal del motel, ya que han incurrido en contradicciones y se han negado a entregar los videos de la entrada y salida del lugar.
Hasta el momento, no está claro quién o quiénes fueron los agresores, ya que la escena del crimen fue manipulada e incluso el cuerpo de la joven habría sido movido.
Familiares y conocidos han marchado desde el motel C5C hasta la Fiscalía de Minatitlán, donde el comandante de la Policía Ministerial les informó que la carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía de Cosoleacaque.
