La región del Cofre de Perote enfrenta una crisis ambiental por el incremento de la tala clandestina, los incendios provocados y la extracción ilegal de tepezil, denunció el diputado federal Adrián González Naveda. En conferencia de prensa, el legislador federal coatepecano evidenció que esta situación se deriva de “una corrupción institucionalizada, comenzando por el municipio, que se ha ido solidificando, porque se le ha dejado crecer por muchos años”.
Acompañado por integrantes del Frente Contra la Tala Ilegal y en Defensa del Cofre de Perote, el representante popular mencionó que, incluso, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hubo gente que se robó folios para entregárselos a los taladores ilegales, lo cual está acreditado y ya hay una denuncia penal por este delito.
Explicó que desde hace años opera un patrón sistemático de destrucción ambiental, donde primero se provocan incendios forestales, después se extrae la madera quemada y finalmente se aprovechan los mismos terrenos para actividades extractivas, sin autorización ambiental, especialmente la explotación de tepezil.
Este esquema, indicó, responde a un mecanismo deliberado para justificar el cambio de uso de suelo y abrir paso a negocios irregulares, mientras las comunidades observan cómo se pierden “manchones completos de bosque”, considerados los últimos pulmones vivos de esta zona estratégica, que capta y abastece de agua a varios municipios, de entre ellos Xalapa.
En su oportunidad, los integrantes del Frente y propietarios de predios de la colonia 20 de Noviembre, del municipio de Perote, acusaron que, pese a las denuncias presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) y la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones han sido tardías, insuficientes o inexistentes.
También señalaron la ausencia de peritajes forestales y ambientales, la falta de acciones eficaces en campo y la nula judicialización de los responsables, factores que han consolidado un ambiente de impunidad, para quienes se dedican a la tala ilegal.
Es inadmisible que, existiendo presencia de policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional (GN) y un batallón militar en la zona, no se frene la tala ilegal. Incluso, afirmaron haber documentado el tránsito de camiones cargados con madera de dudosa procedencia que circulan con normalidad y, en algunas ocasiones, hasta con resguardo o custodia, sin que las autoridades competentes actúen.
Los integrantes de esta organización civil denunciaron también el hostigamiento hacia ciudadanos que han acompañado a ejidatarios en la presentación de denuncias, y lamentaron que muchos oficios enviados a Profepa no hayan recibido respuesta. Pese a esta situación, aseguraron que no desistirán en las acciones emprendidas para la defensa del bosque.
Para ello, dieron a conocer que han conformado redes de vigilancia vecinal, documentado puntos de extracción ilegal con GPS y promovido denuncias ciudadanas con sustento legal, las cuales entregarían a las autoridades ambientales para que puedan proceder contra los infractores.
Alertaron además que el Cofre de Perote no sólo representa un paisaje forestal, sino una “fábrica de agua”, ya que sus bosques de pino y oyamel captan humedad, recargan mantos acuíferos y regulan el clima de buena parte de la región capital.
Por otro lado, alertaron que la pérdida de cobertura forestal incrementa la erosión del suelo, eleva el riesgo de inundaciones en zonas bajas y favorece la propagación de incendios en épocas de sequía, por lo que urgieron a las autoridades competentes atender este tema a la brevedad posible.
Según el Frente, en los últimos años se ha identificado un patrón de destrucción: primero se provocan incendios forestales, luego se extrae madera quemada sin permiso y finalmente se extrae tepezil en los mismos predios, todo ello sin autorización ambiental.
Los pobladores han documentado la pérdida de extensas áreas boscosas, lo que afecta la captación de agua, la recarga de mantos acuíferos y el clima de toda la región capital. La deforestación acelerada incrementa el riesgo de inundaciones, erosión y propagación de incendios.
A pesar de las denuncias presentadas ante instancias ambientales y de procuración de justicia, los afectados señalan que las investigaciones han sido insuficientes. El 25 de febrero se clausuró una mina de tepezil en la zona, pero el Frente considera que la medida es aislada.
El grupo pide operativos permanentes en campo, investigaciones forenses ambientales, judicialización de los responsables, reparación del daño y protección para quienes defienden el territorio. “No permitiremos que el interés económico de unos cuantos destruya el patrimonio natural de todas y todos”.
