Egresados de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) se quejan de los cobros excesivos en dicha institución, además de que el área directiva y administrativa los hostiga para cumplir con los pagos para acreditar los procesos de servicio social y titulación.
En la actualidad, para tener derecho a efectuar el servicio social y el proceso de titulación los jóvenes deben pagar diversos montos que llegan hasta los 3 mil pesos, dinero que se exige en un solo pago.
En ese sentido, señalaron que el área administrativa –encargada de iniciar y certificar los trámites– les cobra por constancia de servicio social, boletas y certificado de licenciatura, sin embargo, no liberan este último documento en tanto no concluyan con los pagos.
El total del gasto, por los trámites de servicio social y titulación, se acerca a los 3 mil pesos, sin embargo, la situación económica de algunas familias complica el pago en una sola exhibición y el trámite para el servicio lleva seis meses, por lo que plantearon que el monto que requiere la escuela se podría dar en ese lapso, sin embargo, no se los permiten.
Como amenaza, no solo a los alumnos sino a los tutores, les han llegado llamadas donde les avisan que de no cumplir con el pago se cancelará todo el proceso para obtener la titulación y tendrán que pagar doble.
“Nos piden 155 por la boleta, 250 por el certificado y 2200 el proceso de la titulación, aparte lo de la constancia de servicio social”, platicaron los egresados que pidieron el anonimato por temor a represalias.
“Nos amenazan, nos llaman y nos dicen que de no pagar el certificado de licenciatura cancelarán el proceso que llevan los alumnos en su titulación (…) según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la educación debe ser gratuita y nosotros para poder salir al campo laboral debemos pagar todo eso”.
Pidieron la intervención de la SEV y evitar los malos tratos de la encargada administrativa María de los Ángeles Zepeda Loeza, quien presume que es protegida de la rectora de esta máxima casa de estudios, Zuleyka Lunagómez Rivera.
Reiteró la demanda de todos los padres de familia de que haya transparencia en el proceso de licitación, pues no se sabe si hay otra guardería que vaya a brindar el servicio.
