Río Blanco, Ver.- Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE, el Orfis y la Contraloría Interna del municipio de Río Blanco, fue denunciado el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Morena-PVEM a la presidencia municipal, José Gómez Deyta, debido a que ejerció el cargo de tesorero municipal de Río Blanco sin contar con su título ni cédula profesional, lo que puede llevarlo a la inhabilitación.
La Ley Orgánica del Municipio Libre en el artículo 68 y 72 se establece que los requisitos para acceder al empleo de titular de la Tesorería de los Municipios en el Estado de Veracruz, deberá contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo y con una antigüedad mínima de un año al día de su designación.
Cómo se recordara José Gómez Deyta, ahora candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Morena- PVEM, asumió la titularidad de tesorero municipal el primero de enero de 2022 y de acuerdo al registro de cédulas profesionales de la SEP, el extesorero de Río Blanco obtuvo la cédula profesional de la profesión de Licenciatura en Contaduría hasta el año 2023, sin precisar mes y día; y, con el número 13244214, por lo que claramente aceptó el cargo de titular de Tesorería sabiendo que carecía de cédula profesional y con una antigüedad mínima de un año al día de su designación.
Bajo todas estas irregularidades, el candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Río Blanco, José Antonio May González, procedió a promover una denuncia administrativa ante el Orfis, la Contraloría Interna del municipio y en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
La querella fue presentada el 26 de mayo de 2025, a través de su apoderado y en contra también de otros dos servidores públicos municipales en activo que están en situación similar.
El abogado responsable informó que dará puntual seguimiento a la denuncia administrativa y penal, con la finalidad de que la autoridad competente determine sí existe o no responsabilidad administrativa y penal de los hechos descritos, ya que, de existir responsabilidad, podría decidirse su inhabilitación.
La parte legal confía en que las autoridades competentes harán lo necesario con las pruebas ya aportadas.
