El Centro de Alta Especialidad (CAE) Doctor Rafael Lucio de esta ciudad de Xalapa, enfrenta una crisis de gobernabilidad, legalidad y confianza institucional, derivada de las decisiones y omisiones del actual director, doctor Rafael Norberto Hernández Gómez, cuya gestión ha estado marcado por el autoritarismo, la protección de intereses personales, imposición de jefaturas cuestionadas y la desatención a denuncias internas.
De acuerdo con la información proporcionada por trabajadores de dicho nosocomio, que pidieron no revelar su identidad, denunciaron que en el servicio de Anestesiología se presentó una inconformidad colectiva por la designación como jefe del doctor Sergio Adrián Lima Benítez.
Él fue trasladado desde otro hospital, a pesar de que dentro del propio CAE existen anestesiólogos con amplia experiencia, trayectoria institucional y conocimiento operativo del centro, lo cual fue percibida como una descalificación al equipo interno y generó una profunda desmotivación.
Posteriormente, se documentaron fallas importantes en la operación del servicio: reprogramaciones quirúrgicas intempestivas, cancelaciones sin previo aviso, falta de coordinación en la asignación de turnos y retrasos en los procedimientos, afectando directamente a los pacientes del sistema público.
Pese a que los médicos adscritos presentaron la situación de manera formal y reiterada, la dirección del hospital desestimó sus preocupaciones y respaldó sin reservas al jefe del servicio, sin emprender ninguna acción de mejora.
Por cuanto hace al servicio de Estomatología, el personal adscrito a esta área le entregó un oficio señalando la falta de competencias clínicas de la jefa de servicio, doctora Vianey Morales Anguiano, quien ha evitado el ejercicio clínico por más de quince años. La queja menciona que su permanencia en el cargo responde exclusivamente a su cercanía personal con el director, lo cual constituye un acto de favoritismo.
Además, varios miembros del servicio han señalado haber sido víctimas de represalias laborales por haber participado en la denuncia. Ninguna acción correctiva fue tomada por la dirección del hospital.
Uno de los hechos más delicados es el caso de la doctora Guadalupe López Martínez, médico residente de cirugía maxilofacial, quien denunció penalmente por acoso laboral y psicológico a su profesora titular. En lugar de proteger a la víctima el hospital, a través de un oficio firmado por el director, instruyó su baja institucional ante la Universidad Veracruzana y la DGCES, revictimizándola.
A ello se suma que existen otras dos denuncias penales activas contra la jefa del servicio de Odontología y el jefe de Enseñanza del hospital, doctor Gerardo Neme Curi, por falsificación de documentos oficiales relacionados con residencias médicas. A pesar de estar señalados en un proceso penal, ambos continúan en sus cargos, lo cual contradice el marco normativo en materia de responsabilidades administrativas, que establece que los funcionarios imputados penalmente deben ser suspendidos de sus funciones.
Por otro lado, se han presentado denuncias sobre el otorgamiento de diversos contratos institucionales a familiares directos de amigos cercanos al director, sin criterios técnicos ni evaluaciones que justifiquen dichas asignaciones. Este patrón revela un uso parcial y patrimonialista del recurso público, contrario a los principios de eficiencia y legalidad que rigen en la administración pública.
Como resultado de estos conflictos, se indicó que varias especialidades del hospital no lograron captar residentes en el proceso nacional de selección más reciente. El desprestigio del hospital como sede de formación se ha difundido entre las nuevas generaciones de médicos, quienes optan por otras instituciones con mejores condiciones humanas y académicas.
Esta situación se inscribe en un contexto nacional cada vez más visible de maltrato, acoso y violencia estructural contra médicos residentes, lo cual ha sido denunciado en múltiples foros y por organismos gremiales. Veracruz no puede quedar al margen de esta realidad ni tolerar prácticas que vulneren derechos fundamentales y desalienten la formación de especialistas.
Ante esta situación, solicitaron a la gobernadora Rocío Nahle García, su intervención para que, en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado, se proceda a la destitución inmediata del Doctor Rafael Norberto Hernández Gómez, como director del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”.
Trabajadoras del Tec de Xalapa denuncian acoso laboral
Trabajadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Xalapa (ITSX), denunciaron la violencia institucional, acoso laboral y violencia de género que sufre el personal de la institución desde la llegada del nuevo director Omar Romero Sandoval y su aliado, José Iván Juárez Jiménez, director Académico.
Los quejosos, que pidieron el anonimato por temor a las represalias, expusieron que desde que los directivos antes mencionados hemos sido testigos –y víctimas– de despidos injustificados, humillaciones constantes y un ambiente laboral cada vez más hostil.
Y no es casualidad: La mayoría de las personas despedidas, docentes y personal administrativo somos mujeres. Se han eliminado plazas, quitado bases, desaparecido beneficios laborales con los que contábamos por años por hechos fundados de un ambiente laboral estable, añadió.
Además, señalaron que mujeres con cargos “importantes” como Subdirecciones y Jefaturas de Carreras, casualmente también han sido destituidas, sin dar argumentos de mal desempeño.
“El ambiente es de miedo. Hay hostigamiento, manipulación y silencio impuesto, cuando alguien quiere levantar la voz de alguna forma, inmediatamente somos amedrentados y el silencio desgraciadamente se ha vuelto en una opción, lo cual, no estoy dispuesta a que siga así”, sentenciaron.
Y de manera enfática, mencionaron: “nos están despidiendo y quitando plazas, sin razones legales, sin dignidad, sin justicia. Nos están oprimiendo y callando. ¿Qué clase de director llega a una institución pública y lo primero que hace es correr a mujeres? ¿Qué clase de líder siembra el miedo, en lugar de la educación?, cuestionó.
Pese a que la presidenta de México y la gobernadora del estado son mujeres y en este tiempo de mujeres, para el nuevo director parece que no lo es y su actitud “es violencia machista. Esto es corrupción institucional. Esto es impunidad.
Recalcaron que “las mujeres en el Tecnológico (de Xalapa) no somos desechables, no somos sumisas, no somos cobardes. Nos están violentando, y aunque muchas no puedan hablar hoy, sabemos que no estamos solas”.
Ante la situación que se vive en el Tec, pidieron a las autoridades competentes su intervención y que no permitan que personas Omar Romero Sandoval y el director académico José Iván Juárez Jiménez opriman a las mujeres de la institución y obligando a dar buenos comentarios en la página oficial del director. Y si no son de su agrado intimidar a quitarlos, concluyeron.
