Ixtaczoquitlán, Ver.- El abogado Juan Carlos Fernández Zulueta, defensor legal de los servidores públicos de Ixtaczoquitlán, aseguró que la denuncia promovida por el alcalde Nahum Álvarez Pellico en contra de la síndica y regidores obedece a una persecución política y busca afectar sus derechos político-electorales.
Fernández Zulueta señaló que el objetivo del alcalde es incidir en las decisiones del Cabildo y limitar el derecho de los funcionarios a votar en las sesiones, ya sea a favor o en contra, prerrogativa que calificó como fundamental.
“Esto se ve como un tema de persecución política porque quiere incidir en los derechos políticos-electorales que tienen como servidores, uno de esos derechos es poder votar en las sesiones de Cabildo, se tenga o no razón”, expresó.
El abogado explicó que el conflicto surge luego de que la mayoría del Cabildo votara en contra de la Cuenta Pública 2024, la cual, según el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) tendría un presunto daño patrimonial por 52 millones de pesos.
Detalló que en 2024 se cancelaron facturas por servicios ya pagados por 12 millones de pesos, recursos que ahora tendrían que ser reintegrados.
Además, mencionó señalamientos del Orfis por la contratación de servicios de jardinería externos, pese a que el ayuntamiento cuenta con personal para esas labores.
Fernández Zulueta acusó que la Contraloría municipal pretende separar a la síndica y regidores de su cargo, medida que calificó como desproporcionada, ya que se trata de presuntas faltas administrativas no graves.
Asimismo, afirmó que una de las sanciones busca imponerse por no responder un oficio, el cual, aseguró, “no está fundado ni motivado” y fue interpretado como un acto intimidatorio.
Finalmente, señaló que el Orfis respalda la actuación de los servidores al observar las irregularidades en la Cuenta Pública 2024, por lo que confió en que dichos elementos servirán para su defensa legal.
“Lo que se les olvida a los funcionarios de Contraloría es que es un derecho político votar; el Orfis les está dando la razón”, subrayó.
Los denunciados son: Enriqueta Victorina Aparicio Trujillo, en su calidad de síndica; María de los Ángeles Hernández Ochoa, regidora novena; Hilda Salinas González, regidora segunda; Óscar Miguel Maciel Dorantes, regidor tercero; Roberto Trinidad González Cruz, regidor primero y Juan Manuel Hernández Lobato, regidor quinto.
