Orizaba, Ver.-
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 mantiene recursos para la exploración y extracción de gas mediante fracking, advierte la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), que documenta como “nuevas denominaciones técnicas” y que, sin desglose público, “se continúa financiando una política fósil que pone en riesgo la salud, el agua y el medio ambiente para sostener a Petróleos Mexicanos (Pemex), una empresa en evidente deterioro financiero”.
De acuerdo con esta agrupación, “el distintivo del presupuesto propuesto para 2026 es la opacidad. Aunque se contempla un gasto programable de 517 mil 362.1 millones de pesos para Pemex, hasta el momento no se ha publicado el desglose de los montos destinados a los distintos programas y proyectos de inversión del sector hidrocarburos”.
Esta falta de claridad impide conocer con precisión cuánto dinero se asignará a proyectos vinculados con la extracción de gas en yacimientos no convencionales, ahora denominados oficialmente como “yacimientos de geología compleja” en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.
El análisis advierte una contradicción evidente entre la política energética vigente y la narrativa oficial en materia climática y ambiental. Mientras el discurso gubernamental sostiene compromisos de sustentabilidad, el presupuesto revela la continuidad de una política de desarrollo fósil que mantiene en riesgo la salud humana, el acceso al agua y el equilibrio ambiental.
Para llegar a estas conclusiones, la organización detalla haber revisado los proyectos incluidos en el Tomo VIII del PPEF 2026, correspondiente al Eje de Desarrollo Sustentable del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
La revisión incluyó el cotejo de la nomenclatura presupuestaria con cuentas públicas de ejercicios anteriores y con dictámenes emitidos por la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos, hoy retomados por Pemex en su planeación estratégica.
Como resultado, se identificaron al menos ocho programas presupuestarios que históricamente han asignado recursos a proyectos de exploración y extracción de gas mediante fracking.
Estos programas se encuentran clasificados dentro de la categoría económica K025, Infraestructura económica de hidrocarburos, para la cual se asigna un total de 245 mil 269 millones de pesos.
Si bien existe presupuesto para estas actividades, no hay información suficiente que permita identificar cuánto recibirá cada proyecto ni su destino específico.
La AMCF reiteró que la fracturación hidráulica representa riesgos ampliamente documentados para la salud y el ambiente. Señala que “diversos estudios han demostrado que la exposición a contaminantes liberados durante este proceso —como metales pesados, hidrocarburos aromáticos, partículas finas, sustancias radiactivas y disruptores endócrinos— está asociada con malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, daños neurológicos y enfermedades respiratorias crónicas, incluso en poblaciones alejadas de los pozos”.
A estos impactos, precisa, se suman los daños irreversibles a los acuíferos y la reducción de la disponibilidad de agua para consumo humano, debido a las enormes cantidades de agua y sustancias químicas utilizadas para fracturar la roca y liberar el gas.
Estos efectos, señalan las organizaciones, contradicen cualquier planteamiento de sustentabilidad energética y comprometen directamente la vida en los territorios donde se pretende aplicar esta técnica.
El estudio también destaca que el presupuesto destinado a Pemex es desproporcionado en comparación con otras áreas estratégicas del Estado.
El monto asignado a la empresa productiva del Estado representa casi 12 veces el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y cerca de ocho veces el destinado al Sector Salud.
A esta preocupación se suma la asignación de 267 mil 439 millones de pesos a la Secretaría de Energía (Sener), de los cuales el 98 por ciento se concentra en el programa “Articulación de la política de hidrocarburos”, alojado en la Subsecretaría de Hidrocarburos.
Dichos recursos se canalizarán principalmente a la partida “adquisición de otros valores”, lo que implica asignaciones directas sin claridad sobre los proyectos beneficiados.
En un contexto donde Pemex enfrenta retrasos en el pago de su deuda y una situación financiera delicada, la AMCF precisa que “la falta de transparencia refuerza la preocupación por un esquema de malabares fiscales que mantiene intacta una política energética basada en combustibles fósiles”.
La organización concluye que es urgente abandonar la narrativa del gas como combustible de transición y avanzar hacia una política energética eficiente, justa y respetuosa de los derechos humanos, que responda de manera efectiva a la crisis climática y ambiental que enfrenta el país.
