Orizaba, Ver.- A dos días del regreso a clases, este viernes fueron despedidos 300 trabajadores de contrato que laboraban en varias áreas de la Jurisdicción Sanitaria 7 de Orizaba.
Los empleados fueron separados de sus puestos sin previo aviso en un movimiento que se replicó en las 11 jurisdicciones del estado.
De acuerdo con denuncias anónimas de los afectados, los recortes de personal se hicieron sin respetar el contrato colectivo de trabajo y bajo presiones administrativas que los obligaron a firmar una “supuesta renuncia voluntaria”.
La medida fue calificada por los afectados como un acto de acoso laboral y abuso de autoridad.
“De manera abrupta nos avisaron que nuestros contratos se terminaban, sin notificación previa y nos obligan a firmar una supuesta renuncia en el área de Recursos Humanos”, relató uno de los empleados despedidos que pidió el anonimato.
La ola de ceses alcanzó a personal de áreas esenciales: administrativos, transporte, salud reproductiva, promoción a la salud, mantenimiento y servicios generales, es decir, a toda la estructura operativa que garantiza el funcionamiento cotidiano de los programas y servicios médicos.
La incertidumbre no sólo afecta a las familias de los trabajadores cesados sino que también deja en riesgo la continuidad de los servicios de salud en la región.
Los inconformes señalaron como responsables directos de estas decisiones a David Rangel Zermeño, director administrativo de Sesver, y Marcela Pozos Gerónimo, subdirectora de Recursos Humanos, a quienes acusan de operar los despidos de manera autoritaria y sin transparencia.
Ante la magnitud del conflicto, los trabajadores exigen la intervención inmediata de la gobernadora Rocío Nahle García a fin de frenar lo que consideran una acción violatoria de los derechos laborales.
De no obtener respuesta, advirtieron que en las próximas horas podrían iniciar protestas y manifestaciones públicas. Mientras tanto, en los pasillos de la Jurisdicción Sanitaria 7 reina el malestar y la incertidumbre.
