La galena Zeyda María Oliman Hoyos, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio” de la ciudad de Xalapa fue declarada por un juez de control culpable del delito de violencia laboral en agravio de la doctora residente Guadalupe López Martínez por lo que se le ordenó reparar el daño de forma económica, pero no se le inició un juicio oral para conseguir un castigo ejemplar.
Así lo dio a conocer la agraviada quien dijo que la resolución se dio luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) demostró –con base en pruebas y testimonios en el proceso penal 229/2025– la culpabilidad de Oliman Hoyos en el delito de violencia laboral, quien a pesar de esta denuncia y sentencia sigue en el cargo supuestamente bajo la protección del director del nosocomio Rafael Norberto Hernández Gómez.
Lamentó que pese a todas las evidencias, el juez de control Eduardo Martínez López, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial 13 de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, aceptó la propuesta de la asesora de indemnizarla con 10 mil pesos “como si con dinero se pudiera cubrir el daño causado”.
López Martínez mencionó que en tanto se desarrolla el proceso penal en su calidad de víctima fue reasignada por la Secretaría de Salud federal a un hospital en el estado de Guerrero, aunque en octubre tendría que regresar al CAE de Xalapa donde estaría subordinada a su victimaria, quien sigue encargada de aprobar la especialidad de los residentes.
La quejosa dijo saber que dicha doctora ha despedido a tres residentes por el mismo motivo y al estar protegida por las autoridades del CAE existe el riesgo de mantener esas prácticas irregulares en contra de los residentes.
Por ello pidió a David Kershenobich, secretario de Salud federal, a Valentín Herrera Alarcón, titular de Salud estatal y al director del CAE, Rafael Norberto Hernández Gómez, que se renueva del cargo a Zeyda María Oliman. También solicitó al Poder Judicial que otorgue una sanción ejemplar por comprobarse que es culpable de violencia laboral.
También solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para que atienda este tema, pues aun conociendo el caso minimizó la situación y lo turnó al secretario de Gobierno Ricardo Ahued, quien se limitó a enviar a la quejosa a la Secretaría de las Mujeres, dependencia que sólo ofreció atención psicológica pero no se pronunció por la violencia de la que fue objeto.
